El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a CDC, sus exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, su exresponsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, así como al PDeCAT, por la supuesta financiación irregular en el conocido como caso del 3%.

El magistrado también se dirige contra otras 28 personas físicas y 14 jurídicas (entre ellas las sociedades TeyCo, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa) por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Con el auto de transformación en procedimiento abreviado, de 304 páginas, el juez pone así fin a una investigación que se inició en 2015 por actuaciones irregulares en Torredembarra (Tarragona) y que a medida que fue creciendo se remitió a la Audiencia Nacional en 2018 debido a la "grave repercusión" para la economía española.

Estructura en tres niveles

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que altos cargos de CDC, en connivencia con responsables públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con distintos empresarios, pusieron en marcha durante más de una década una estructura para financiar a este partido "ilegalmente y en forma encubierta".

En lo más alto de la organización criminal que describe el auto, el juez incluye a Gordó, Osàcar y Viloca, quienes llevaban a cabo un "control" y "seguimiento" de las licitaciones de obra pública y servicios ofertadas por diferentes administraciones de Catalunya, todas bajo la esfera de poder de CDC, e "influían en sus responsables a fin de conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas a este pacto criminal".

Los tres llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes en las adjudicaciones a dedo y "por supuesto recibían los pagos". En un segundo escalón, sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, "alteraron concursos públicos con la finalidad de dirigir los mismos hacia las compañías de los empresarios".

En un tercer nivel habría estado el grupo de empresarios que, "sistemáticamente", se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones Catdem y Fundación Fòrum Barcelona.

Según De la Mata, los imputados eran "necesarios para cerrar el círculo" de la actividad delictiva desplegada, que estaba dirigida a un solo fin: "mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil" en el caso de los empresarios, y "organizacional" en el caso del dirigente político de turno, consiguiendo así una "financiación ilegal" para el partido.

El juez detalla adjudicaciones y donaciones investigadas, siguiendo una metodología en la que ha analizado los documentos intervenidos de licitaciones en el despacho de Viloca, ha identificado empresas y ha examinado las reuniones entre los tesoreros con los empresarios, así como las donaciones a CDC.

Destaca la "íntima relación temporal y causal entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre los actores, la adjudicación del contrato de obra o servicio investigado y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC".

Patrón de funcionamiento "cuidadosamente planificado"

Pero no siempre existía una "exacta concatenación temporal" entre los pagos y las, al menos, 31 adjudicaciones incluidas en el auto, porque con las donaciones también se buscaba mantener la "buena relación con el partido" y "situar a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones".

Se trataba, dice el instructor, de una "estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo", con un patrón de funcionamiento "cuidadosamente planificado e implementado" por los responsables del área económica de CDC para financiar ilícitamente al partido mediante la "venta de influencias" en la adjudicación de contratos.

Para De la Mata, la trascendencia de esta organización en la vida de CDC era muy relevante, pues los ingresos que tuvieron origen en sus fundaciones significaron una fuente de financiación que supuso, en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008 a 2012 (años de los que se dispone información), una media del 11,5% de la "financiación privada" del partido y de un 7,7% en la financiación total (pública + privada).

Organización "sostenida en el tiempo"

Se trata "de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémica, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta".

Es por ello que el juez procede, además de contra personas físicas, contra CDC y el sucesor de éste, PDeCAT, como personas jurídicas. Esas donaciones "se intentaban difuminar por un lado mediante su ingreso a través de diferentes empresas pertenecientes al mismo 'holding' y, por otro lado, efectuando los ingresos a través de las fundaciones de CDC".

El auto recuerda que CDC no disponía de un protocolo de control interno que garantizara la adecuada intervención y contabilización de todos los actos, como ya ha venido advirtiendo el Tribunal de Cuentas.

Así, la operativa se ha mantenido en el tiempo incluso después de los hechos del 'caso Palau', por lo que se puede concluir que los altos cargos "no habrían emprendido ninguna iniciativa para impedir una actividad delictiva que se mantuvo, al menos, durante 11 años".

Otras 18 personas, procesadas en la pieza Infraestructures de la Generalitat

En relación con el PDeCAT, afirma que fue en julio de 2016 cuando se tomó la decisión en el seno de CDC de cesar en su actividad para fundar este nuevo partido, pese a lo cual existe una "aparente identidad" entre ambos: fue una mera "transformación o cambio de apariencia de una misma realidad con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido" CDC.

Por otro lado, De la Mata ha acordado en un segundo auto el pase a procedimiento abreviado de una pieza separada vinculada a Intraestructures de la Generalitat, en la que procesa a 18 personas físicas por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias y malversación.

En esta rama de la investigación se ha indagado sobre la adjudicación por parte de la mencionada empresa pública de determinados contratos, principalmente ingenierías, a cambio del pago de comisiones entre 2008 y 2015.

En el auto, de 146 páginas, el magistrado explica que ciertas empresas del entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Catalunya (ASINCA) configuraron un cártel colusorio al que denominaron 'Nuria Bofill' para pactar durante años los precios que utilizarían en sus aplicaciones a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas, evitando así la libre competencia.

Dicho pacto se fue extendiendo a diversos organismos: en un origen sólo afectaba a dos empresas públicas (GISA y REGSA), pero acabó extendiéndose a GISA (Obra Civil, Edificació, Medi Ambient), ACA, ATLL, REGSA, el Ayuntamiento de Barcelona, CAT, TABASA, IFERCAT o el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat.

Como el caso anterior de la pieza principal del 3%, se trataría también de una "estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por las personas indicadas para direccionar la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza".