La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la causa penal contra los detectives privados que espiaron a la víctima de La Manada, el grupo condenado a 15 años de cárcel por violación grupal en los Sanfermines de 2016. Los detectives fueron contratados por uno de los procesados en los meses previos al juicio.
Según apunta el auto al que laSexta ha tenido acceso, los magistrados apuntan a que se aprecian "indicios de delito" en los seguimientos que se hicieron a la joven para tratar de desacreditarla en el juicio, y han reprochado la falta de protección hacia la víctima durante el proceso.
Así consta en un auto en el que la Sección Quinta estima el recurso interpuesto por la defensa de la joven contra la decisión del juez instructor, el del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, de sobreseer la causa de forma provisional.
Con este movimiento, se continuará ahora con la instrucción de la causa, que "se habrá de concluir conforme a Derecho". El origen del procedimiento se remonta a la denuncia de la víctima en la que afirmaba haber sido objeto de seguimientos durante tres meses de 2016, coincidiendo con las semanas anteriores a la celebración al juicio.
Según el auto de la Audiencia, fue la madre de uno de los condenados la que contrató a los detectives privados para obtener información de la joven. Los investigados no solo accedieron a la identidad y al domicilio de la joven, sino que accedieron a sus chat privados en el transcurso de la investigación contra sus agresores. Además, la fotografiaron en su piscina.
De hecho, el tribunal que juzgó a los integrantes de La Manada aceptó como prueba el informe de seguimiento realizado por los detectives sobre la vida diaria de la víctima a través de sus redes sociales. Incluía fotografías que la joven había subido a Instagram y que, según los acusados, reflejaba la normalidad de su vida.