La Comisión Europea (CE) apuntó este miércoles a "importantes deficiencias" en el vertedero de Zaldibar (Vizcaya), donde en febrero tuvo lugar un accidente que costó la vida a dos trabajadores, y aseguró que examinará el caso dada su "gravedad".
"La Comisión se muestra preocupada por el trágico accidente mortal acaecido recientemente en el vertedero de Zaldibar. La información facilitada (...) deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero", señaló el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en una respuesta a dos preguntas escritas de eurodiputados del PP y Ciudadanos.
Según el comisario, las autoridades competentes o los órganos jurisdiccionales "deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado" esas deficiencias.
La CE consideró que los "principales responsables" de verificar la presunta situación de incumplimiento en que se encontraba el vertedero y de "garantizar una reparación adecuada de los daños" son "las autoridades administrativas y/o los órganos jurisdiccionales nacionales o regionales encargados de la aplicación y ejecución de la legislación de la UE".
En cualquier caso, señaló que, "en vista de la gravedad del caso", la Comisión "va a examinarlo y a contactar con las autoridades españolas a este respecto".
El derrumbe en el vertedero se produjo el 6 de febrero en una zona de tratamiento de residuos no urbanos y sepultó a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, empleados de las instalaciones cuyos cuerpos aún no han podido ser rescatados.
La Comisión apuntó asimismo en su escrito a la empresa Verter Recycling 2002, encargada de explotarlo, al afirmar que "el operador de un vertedero es responsable de los daños causados a través de su actividad al suelo, las aguas, los espacios protegidos y los hábitats naturales".
"En consecuencia, si se han producido debe exigirse al operador responsable la reparación de los recursos naturales dañados devolviéndolos a su estado básico anterior a que se produjera el daño y la asunción de todos los costes", afirmó.
Para los eurodiputados populares Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, la respuesta de la Comisión debe servir para que el Gobierno vasco "tome medidas necesarias, garantice el cumplimiento de las normas de la UE y evite que una tragedia así pueda volver a producirse".
"El silencio atronador del Gobierno vasco es un insulto y un abandono intolerable a las familias de las víctimas", apuntaron en un comunicado conjunto.
La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez subrayó, por su parte, la necesidad de que las familias de los fallecidos obtengan "una respuesta" por parte del Gobierno vasco. "La transparencia brilla por su ausencia en el equipo de gobierno del lehendakari (Iñigo) Urkullu", criticó la eurodiputada de la formación naranja.