¿Qué se juzga en el juicio de los ERE? Únicamente, la parte política del caso de los ERE, decidir quién o quiénes fueron los responsables del reparto fraudulento de fondos públicos en la Junta de Andalucía durante una década.
"No creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar", afirmaba en abril de 2015, José Antonio Griñán. Por su parte, también entonces Manuel Chaves afirmaba que "nunca jamás se ha adoptado en el consejo de gobierno ninguna decisión ilegal".
Ahora le toca al juez determinar a cuánto ascendió el fraude, cifra que ha ido variando según a que dirigente popular preguntes. La cuantía, según esta formación, va de los 1.500 millones de euros a los 800.
Según la investigación, en 2001 la Junta de Andalucía creó un fondo de 855 millones para ayudar a empresas en crisis. Pero, según la Fiscalía, se montó un mecanismo para burlar los controles y conceder opacamente 741 millones de euros.
No obstante, ello no quiere decir que todo fuera ilegal. Alrededor de 6.000 empleados accedieron a las prejubilaciones de manera legal. Sin embargo, se colaron también personas que nunca habían trabajado en las empresas subvencionadas. Se dieron fondos a compañías amigas o sobrecomisiones a bufetes, sindicatos y consultorías.
En total, presuntamente se concedieron ilegalmente 136 millones de euros gracias a la firma del exdirector general de trabajo, Javier Guerrero. Él dijo en El Intermedio, en junio de 2013, sentirse como "un chivo expiatorio de la forma de gestionar de una institución que dirige Andalucía".
¿Qué se pretendía con estas ayudas fraudulentas? Según la investigación, los políticos no perseguían lucrarse, sino comprar la paz social en Andalucía y montar una red clientelar a la que beneficiar.