La Fiscalía de la Comunitat Valenciana no considera que la petición de documentación presentada por Vox sobre las subvenciones a entidades LGTBI pueda ser constitutiva de un delito de odio, es decir, no ve indicios de este.
Sin embargo, sí cree que, al ser una petición referida de manera exclusiva a ese colectivo, puede responder a "una forma de discriminación". Además, el hecho de contestar a la solicitud de información "podría suponer desvelar la orientación e identidad sexual de los afectados, lo que podría implicar una intromisión en su identidad".
El partido liderado por Abascal había solicitado documentación de las "subvenciones en relación al colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana", una petición que Les Corts entendió que podría incumplir la legalidad al requerir información "detallada" sobre los perceptores de dichas subvenciones.
Vox pedía datos sobre las "personas que han impartido estas actividades con menores", sus "antecedentes penales", la "acreditación de formación o preparación" y el "criterio para el nombramiento".
