La Fiscalía mantendrá el delito de rebelión, el ministerio público ultima su escrito provisional de acusación que presentará al Supremo. Lo hará de manera proporcional a la responsabilidad y el cargo de los procesados.
Junqueras y los exconsellers, como cabecillas, podrían enfrentarse a penas de hasta 25 años por rebelión agravada y malversación. Torra arremete una vez más contra las decisiones judiciales. "Esta democracia española se atreve a tener en prisión a presos políticos y a enviar al exilio a ciudadanos honorables", ha dicho el president de la Generalitat.
En una entrevista en El País, Cuixart confiesa que las cosas han cambiado desde la llegada de Sánchez a Moncloa pero todavía es insuficiente: "La desproporción de las medidas que se nos han aplicado es colosal".
El abogado de Junqueras va más allá, cree que desde el 2015 se prepara este ataque judicial al desafío soberanista. En RAC 1, Andreu Van de Eyne, ha afirmado que "no es una estrategia de la Fiscalía General del Estado, es una estrategia de fiscales concretos, que son los que ahora ocupan la Fiscalía del Supremo".
El independentismo continúa presionando a Sánchez. Desde ERC le piden que medie con la Fiscalía y condicionan el apoyo a los Presupuestos al camino que tome el Gobierno. Gabriel Rufián, diputado de esta formación en el Congreso, afirmó en laSexta Noche que le iba a costar "mucho" votar "a un Gobierno de carceleros".
En el PDCAT son más tajantes: o mueven ficha o se mantendrán en el no. "Votaremos no, lo hemos dicho claramente: o hay movimientos, y movimientos no es una oferta, o no hay presupuestos", ha escrito en Twitter Miriam Nogueras
Para Ciudadanos todo esto responde a una estrategia de chantaje. Sònia Sierra, diputada de Ciutadans en el Parlament, ha subrayado que "no puede ser que aprueben los presupuestos a través del chantaje".
El juicio que se prevé que arranque después de las Navidades y podría conocerse la sentencia de cara al verano.