La Fiscalía ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena, que dicte una orden de busca y captura internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial para celebrar la 'vistilla' en la que se iba a revisar su situación procesal, informan fuentes de la Fiscalía.
La número 'dos' de ERC estaba citada a las 10:30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de Cataluña Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, quienes sí han acudido a la comparecencia recogida en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Minutos antes de que se cumpliera la hora prevista, se ha hecho pública una carta en la que la dirigente de la formación independentista anunciaba su intención de partir al "exilio" y en la que acusa al alto tribunal de intimidatorio y de regirse por criterios políticos.
"Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna", reza la misiva. Rovira es una de las 25 personas procesadas en la causa que suma 28 investigados. En su caso, el magistrado le atribuye el delito de rebelión por su participación "esencial" a lo largo de todo el proceso, no solo en la ideación de los mecanismos de actuación de la deriva soberanista sino en el impulso parlamentario y en la coordinación de esfuerzos de múltiples sectores de la administración, de acuerdo con el auto de procesamiento del magistrado Llarena.
Además, el juez instructor expone que, en lo que se refiere a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, asumió una responsabilidad "rectora" para lograr la "plena disponibilidad" de los centros de votación esa jornada, de acuerdo con las grabaciones telefónicas que obran en el sumario de la causa.
La número 'dos' de ERC no tenía retirado el pasaporte ni prohibición de salir del territorio nacional en las medidas cautelares que le impuso el juez cuando acudió a declarar el pasado 19 de febrero.
Tras su interrogatorio como investigada, se acordó su libertad sujeta al pago de fianza de 60.000 euros y comparecencias quincenales en el juzgado.