Miles de casas construidas sin licencia y en zonas no urbanizables, años sin servicios básicos y sin encontrar una solución que parece que ahora llega. El nuevo decreto de la Junta regularizará 327.583 viviendas ilegales, la mayoría están en las provincias costeras de Málaga (68.652), Almería (55.265) y Granada (52.927).
"Una salida para que puedan contratar el agua o para que puedan contratar la luz. No se trata de una amnistía, aquí hay unas leyes y evidentemente el que construye al lado de un río lo ha hecho mal y no puedes mantener esa vivienda", explicaba el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
Porque la norma tendrá excepciones, como las casas que estén en zona protegida, las que estén a menos de 100 metros de la costa o las que tengan una sentencia firme en su contra.
Susana Díaz quiere ver la letra pequeña: "Si es solo suministro de luz y agua y ver caso por caso o en cambio de lo que se está hablando es de una amnistía general y abrir la puerta otra vez al sufrimiento de la especulación inmobiliaria".
Posición que comparten algunos urbanistas: "En ningún caso va a ser una amnistía como tal o no debería serlo porque evidentemente sería injusto para el resto de las personas", defiende Joan Baptista, arquitecto. Hay que solucionar los problemas existentes, dice, sin lanzar el mensaje de que todo vale.