Hay dos frentes legales abiertos. El primero, en el Constitucional. Tras admitir los recursos del Gobierno, el Constitucional suspendió la celebración del referéndum. Así que si el Govern sigue adelante, estaría desobedeciendo al Tribunal y eso tiene consecuencias.
"El Tribunal está habilitado, desde la última modificación de la Ley orgánica del TC para adoptar otro tipo de medidas. Puede multar a los incumplidores y puede incluso suspenderlos", explica Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela.
El segundo frente legal son las dos querellas de la Fiscalía General del Estado. "Una dirigida contra la Mesa del Parlament y otra dirigida contra los miembros del Govern", detallaba el Fiscal General, José Manuel Maza.
Les acusan de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los dos primeros se castigan con la inhabilitación para ostentar cargos públicos, pero la malversación puede acarrear penas de cárcel y obliga a devolver lo gastado en el referéndum. Será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien les juzgue porque todos ellos son aforados.
Es lo que le pasó a Artur Mas y a tres de sus consejeros tras el 9-N. Fueron inhabilitados por desobediencia y ahora el Tribunal de Cuentas les exige, a ellos y a otros siete altos cargos, una fianza de más de cinco millones de euros. Fue lo que costó organizar la consulta de 2014.
Técnicamente, los alcaldes y los funcionarios que participen en la celebración del referéndum también tendrían responsabilidades legales. Pero algunos juristas creen que las consecuencias jurídicas podrían acotarse las altas esferas dejándolos a ellos al margen.
"Puede actuar la decisión política de no llevar la responsabilidad a cientos de personas, porque eso profundizaría la separación, la fracción que se ha producido en la vida del país", argumenta Antonio Torres del Moral, Catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
