Varios políticos del procés presos habían pedido pasar la cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus en sus respectivos domicilios.
En un comunicado, la conselleria de Justicia ha anunciado que las Juntas de Tratamiento de las cárceles catalanas han autorizado el confinamiento domiciliario de 15 presos en segundo grado a los que se les aplica el 100.2. Sin embargo, ninguno de los nueve presos condenados por sedición ha sido beneficiado por esta medida.
Hay que señalar que el Tribunal Supremo advirtió a los funcionarios de prisiones que de permitir dichos permisos podrían ser investigados por cometer un delito de prevaricación.
Desde la Generalitat critican estas "amenazas y coacciones" del Tribunal que, dicen, han llevado a las juntas de tratamiento de las prisiones a descartar la medida."Las juntas han de poder trabajar sin amenazas ni coacciones. El Supremo ha querido condicionar su decisión. Es inaudito y vergonzoso, impropio de un Estado de derecho", ha defendido la consellera de Justicia, Ester Capella,