Aguirre ha defendido su inocencia siempre, pero el juez recoge en su auto tres pruebas contundentes que situarían a la expresidenta de la Comunidad de Madrid a la cabeza de la supuesta financiación ilegal de campañas electorales del PP madrileño.
El auto sitúa el inicio de este sistema en una reunión en 2004, presidida por la propia Aguirre y con parte de sus consejeros presentes. Fue ahí donde se dieron las instrucciones para contratar la publicidad al empresario Daniel Horacio a través de su empresa de comunicación 'Over Marketing'.
Para controlar esas partidas, en otra reunión de su consejo de Gobierno, se cambió la ley para que las contrataciones de publicidad de cada consejería pasarán por la vicepresidencia, sostenida en aquel momento por Ignacio González.
Así impusieron que los presupuestos de las adjudicaciones a empresas se debían destinar a publicidad que acababan, en ocasiones, financiando gastos electorales. Según recoge en su auto el juez Manuel García Castellón, millones de ese dinero público se habrían desviado.
Se detalla el caso de la fundación Fundescam. La investigación ha revelado que a través de fondos públicos, desviados como subvenciones a la fundación, se habrían pagado gastos electorales del Partido Popular madrileño.
Además, el auto señala que Esperanza Aguirre no solo supervisaba, sino que se apoyó en Beltrán Gutiérrez, Francisco Granados e Ignacio González para que ejecutasen sus decisiones.