La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha advertido este miércoles de que no piensa dimitir de su cargo aunque le hayan abierto juicio oral y esté a un paso de que la Mesa de la cámara catalana la suspenda de sus funciones: "Los que me quieran muerta, tendrán que matarme y ensuciarse las manos". Así lo ha afirmado en la madrugada del miércoles desde Twitter, después de que elTribunal Superior de Justicia de Cataluña la enviara a juiciopor los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un conocido.

Borràs se encuentra a un paso de ser suspendida como diputada, ya que ERC, la CUP y el PSC han advertido de que piensan aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que obliga a suspender a los diputados a los que se haya abierto juicio oral por corrupción. En la reunión de la dirección de JxCat celebrada en la tarde de este martes, según diversas fuentes del partido consultadas por Efe, hubo varias intervenciones "relevantes" que se desmarcaron de la línea oficial e invitaron a Borràs a apartarse de su cargo, antes de que la Mesa acuerde su suspensión, pero no es esa su intención. "He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía", ha afirmado en un tuit.

Borràs guardó silencio públicamente durante toda la jornada del martes, hasta que ya por la noche publicó un largo hilo de mensajes en Twitter en el que planteaba sus argumentos y arremetía contra quienes quieren aplicar el artículo 25.4 y suspenderla. "Después de cuatro años, el procedimiento judicial que sufro se acerca a la fase decisiva. Durante todo este tiempo he reivindicado y reivindico mi inocencia a capa y espada y he denunciado que soy víctima de 'lawfare', de una persecución política", ha asegurado.

Para empezar, afirma que el inicio de la causa "ya fue irregular": "La juez Sílvia Mejía, siendo yo diputada y sin ser competente para investigarme, inició una investigación prospectiva, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico e inconstitucional". Además, alega que el "origen de la investigación es el supuesto fraccionamiento de unos contratos" cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, una acusación que niega "rotundamente" y añade que, en cualquier caso, el fraccionamiento "no es delito sino una irregularidad administrativa, no una causa penal".

Borràs subraya que durante el proceso ha caído la acusación de malversación, por lo que se demuestra que no ha habido "corrupción lucrativa", e insiste: "No puede haber corrupción si no se reclama responsabilidad civil. Y no se pide porque no ha habido ningún perjuicio para la administración". Por ello, lanza una advertencia a ERC, CUP y PSC: "Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en conciencia, la decisión política más ecuánime".