La defensa de la presidenta de Junts,Laura Borràs, ha presentado este jueves al Tribunal Supremo (TS) un recurso contra su condena de prevaricación administrativa por fraccionar contratoscuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En el escrito, consultado por Europa Press, la defensa forma un recurso de casación contra la sentencia del 29 de marzo de este año por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y pide que se dicte una nueva sentencia "absolviendo a Borràs de los delitos por los cuales viene inicialmente condenada".

El TSJC la condenó a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental, aunque propusieron un indulto parcial que rebajara la pena de prisión a no más de dos años, de manera que no tendría que entrar en prisión. La defensa de Borràs "denuncia la interpretación extensiva, que con gran automatismo se ha llevado a cabo con relación a la competencia del TSJC para enjuiciar", y ha asegurado que no se ha tenido en cuenta que fue suspendida de su cargo como presidenta del Parlament de Catalunya tras la apertura de juicio oral.

"La presidenta Laura Borràs ha sido suspendida desde el 28 de julio de 2023 de sus funciones, no siendo equitativo ni justo ni adecuado exigir que suspenda todas sus prerrogativas, así como sus derechos y obligaciones y que solo le reste una, la de ser enjuiciada como aforada ante un tribunal competente para enjuiciar aforados", ha añadido. Por otra parte, la defensa ha señalado la falta de imparcialidad del presidente de la Sala del juicio: "Supone un claro antagonista del posicionamiento político de la Presidenta y eso, sin duda, debió haber sido suficiente para apartarse de la labor de enjuiciamiento".

Otro motivo para presentar el recurso ha sido la "indefensión material" de Borràs causada por el hecho de que las defensas de los coacusados Isaías H. y Andreu P. compartieron una estrategia, información y confianza para llegar a un acuerdo con Fiscalía tres días antes del juicio e incriminar a Borràs, en sus palabras. Además, ha asegurado que se obtuvieron correos electrónicos sin autorización y que se rompió la cadena de custodia "en varios momentos" hasta que los documentos llegaron en sede judicial.

La defensa ha sostenido que "se invoca la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia", y cuestionan la afirmación de que se han fraccionado contratos ilícitamente, ya que esta afirmación - según dice - no se basa en ninguna prueba objetiva y se basa en testimonios muy interesados. Ha añadido que "existe una vulneración del principio de legalidad en relación con el principio de proporcionalidad respecto a la pena impuesta, teniendo en consideración los hechos declarados probados", ya que cree que hay una desproporción de las penas impuestas.

Finalmente, ha denunciado la investigación prospectiva a la que se ha sometido la acusada, "por su liderazgo político y su adscripción a la causa independentista, como es público y notorio", y añade que el 12 de abril de 2018 los Mossos concluyeron que no se detectó actividad delictiva, pero que siguieron investigando para buscar el delito, en sus palabras.