Carlos Lesmes y la fiscal general del Estado, María José Segarra, han garantizado su compromiso con la defensa de la ley, la Constitución y el Estado de derecho en Cataluña sin excepciones.
"Cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse" ya que "el Estado democrático de derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia", ha subrayado Lesmes durante el acto solemne de apertura del año judicial, presidido por el rey Felipe, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
La crisis catalana ha sido el común denominador de los discursos y de muchos de los corrillos formados en el cóctel organizado después en la sede del Tribunal Supremo, donde se espera que a finales de año comience el juicio a los líderes independentistas catalanes procesados por rebelión y malversación de fondos públicos.
La justicia alemana y la belga han complicado el proceso a los dirigentes catalanes huidos, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y Lesmes ha cargado contra unas decisiones que han generado "grave incertidumbre" por interpretar "de forma unilateral" mecanismos jurídicos autónomos como las euroórdenes.
Lesmes se ha dirigido a los líderes separatistas para recordar que el respeto a la democracia va unido al respeto al derecho y a las decisiones judiciales, que buscan "evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional", como la Constitución.
"Sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo, cuando se confronta sin rubor principio democrático con Estado de derecho o cuando se interesa erosionar la legitimidad del poder judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa", ha manifestado.
Lesmes ha destacado en este contexto también que la propia Constitución prevé los mecanismos para su reforma, para dar satisfacción a las "reclamaciones de cambio legítimo".
Una idea similar ha planteado la fiscal general del Estado al subrayar que "las legítimas aspiraciones de una parte de la sociedad" catalana "deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico" y que "no puede haber excepciones" al cumplimiento de la ley.
A su juicio, la ley representa el consenso social "que posibilita la superación de las tensiones que, inevitablemente, se provocan en las modernas estructuras sociales" y "no puede haber excepciones a esa regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia".