La auditoría externa que el Tribunal de Cuentas haga sobre las finanzas de la Casa Real se publicará únicamente en la web de la Jefatura del Estado, por lo que no se remitirá al Congreso de los Diputados, donde el órgano fiscalizador envía los informes que hace sobre los organismos públicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el decreto sobre reestructuración de la Casa del Rey aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que recoge las medidas encaminadas a mejorar la transparencia y la ejemplaridad de la institución que preside Felipe VI.

Una de las novedades de esta norma es que el Tribunal de Cuentas se haga cargo del control de los ingresos y gastos de la Casa Real a través de una auditoría externa fruto del convenio que ambas instituciones firmen en próximas fechas.

Según señala el decreto, el informe deberá publicarse en la web de la Casa del Rey, sin establecer su envío al Congreso, que no tiene control sobre las actividades de la Corona.

El texto normativo señala que los términos y las condiciones de la auditoría contable estarán sujetas “a las especialidades que vienen impuestas” por la Constitución en sus artículos 56 y 65, que hablan, respectivamente, de que el rey es “inviolable y no está sujeto a responsabilidad” y de que distribuye libremente el presupuesto que le asigna el Estado.

El órgano fiscalizador remite sus informes de fiscalización sobre la contabilidad de los distintos organismos públicos a las Cortes Generales, de las que depende como institución, y se debaten en la Comisión Mixta Congreso-Senado, lo que no afectará al que elabore sobre la Casa Real.

El decreto señala que la auditoría “se circunscribirá a reflejar si las cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto”.

Desde 2015, la supervisión de las finanzas del Palacio de la Zarzuela ha corrido a cargo de la Intervención General del Estado, que ahora verá limitada su actuación una vez que el Tribunal de Cuentas se encargue de la auditoría.

El decreto especifica que este informe se aplicará por primera vez a las cuentas anuales de la Casa Real del ejercicio siguiente a la firma del convenio, por lo que, previsiblemente, serían las de 2023. La nueva regulación, fruto del acuerdo entre el Gobierno y la Zarzuela y con el aval del PP, destaca también que el personal al servicio de la Casa del Rey ejercerá sus funciones de acuerdo a lo que dicta el código de conducta ya vigente.

Esta conducta deberá velar “en todo momento por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico”.

También deberán actuar con “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, lealtad, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, protección del entorno medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombre”, añade el texto.

En la exposición inicial del decreto, se remarca que su objetivo es “ahondar en el reforzamiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas y publicidad” de la Jefatura del Estado, “en línea con el compromiso de la Corona con la sociedad de observar una conducta íntegra, honesta y transparente”.