El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que aprobará un plan director de lucha contra la explotación laboral en el que ya trabaja su Ejecutivo y que será compartido con las comunidades autónomas debido a que cuentan con competencias en inspección de trabajo.
En una entrevista concedida al diario 'El País', Sánchez opina que en Cataluña "existe una crisis política que tiene que ser resuelta desde el ámbito político, y no desde el ámbito judicial" y solicita que haya de forma recíproca "voluntad de reconstruir" la confianza y "la lealtad quebrada durante estos años de conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España".
La posible cercanía a Cataluña de los políticos catalanes en prisión por el proceso independentista le parece a Pedro Sánchez "lo más razonable" una vez que se sustancie la instrucción.
Ante el problema de la inmigración, en opinión del jefe del Ejecutivo, que descarta cerrar los CIE, a medio plazo es necesario un "gran plan Marshall para estabilizar democrática, económica y socialmente los países de origen".
Sánchez desea que el traslado de los restos de Francisco Franco, que ahora se encuentran en el Valle de los Caídos, sea "inmediato".
Para mejorar la recaudación de la Seguridad Social cree que es indispensable que haya un crecimiento salarial y que hay que abrir un debate para eliminar el tope a las cotizaciones más altas a la Seguridad Social.
El presidente del Gobierno mantiene la intención de establecer un "recargo del impuesto de sociedades a la banca" y sostiene que, aunque es "necesaria" la derogación de la reforma laboral, no hay una mayoría parlamentaria para hacerlo.
En su opinión, el perfil del candidato a presidir RTVE debe ser el de "una persona con una reputación acreditada" y con la capacidad de poder articular consensos.
La derogación de la "ley mordaza" la supedita Pedro Sánchez a que en su tramitación parlamentaria, actualmente en curso, el Congreso "modifique los elementos más perversos de esta ley", para lo que cree que hay mayoría parlamentaria.
La eutanasia es también uno de los principales compromisos para el nuevo presidente del Gobierno, que quiere que esta legislatura acabe con una ley de eutanasia en nuestro país y que sea reconocido como un servicio por parte de la sanidad pública.