La aprobación en el Senado de una enmienda que corrige una vocal en la ley del solo sí es sí obliga a que la iniciativa regrese al Congreso para concluir su tramitación, un retraso que ha pillado por sorpresa al Gobierno y a la propia Cámara Alta.

Los distintos grupos habían registrado alrededor de 150 enmiendas y todos asumían que ninguna iba a ser aceptada por los grupos de la coalición de gobierno, que aspiraba a que la ley, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, fuera aprobada de forma definitiva este martes.

Pero el apoyo del PP, que se opone a la ley, a una enmienda presentada por JxCat al preámbulo de la norma ha propiciado su aprobación -130 votos a favor, 122 en contra y 17 abstenciones- y ha desbaratado los planes del Ministerio de Igualdad.

La enmienda se limita a cambiar una letra en el preámbulo de la norma; se habla de la necesidad de detectar "los casos de abortos y esterilizaciones forzosas" y se corrige por "forzosos".

Fuentes del JxCat han confirmado su sorpresa al ver aprobada su enmienda, ya que no esperaban recibir apoyos. En aplicación del artículo 90 de la Constitución, el presidente de la Cámara, Ander Gil, ha anunciado la remisión de la enmienda al Congreso para que la ley pueda ser sancionada por el rey y entrar en vigor.

"La ministra Irene Montero ha venido hoy al Senado para hacer su gran intervención final en el día de la aprobación definitiva de su ley del solo sí es sí. Pues la ley no se ha aprobado. Se devuelve al Congreso. Enhorabuena, Irene …", se ha mofado en su cuenta de Twitter el portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, mientras el grupo socialista analizaba lo ocurrido con los letrados de la cámara.

Como la mayoría del Senado, Montero daba por hecho la aprobación de la ley cuando ha subido a la tribuna del hemiciclo y ha elogiado una ley gracias a la cual, ha dicho, el futuro de las mujeres "será mucho más libre que nuestro pasado".

"Hoy vamos a dar un paso decisivo para responder a la deuda histórica que tenemos con Nagore Laffage y su familia, con las jóvenes de Alcàsser, las víctimas de La Manada y de Manresa, con Laura Luelmo y con todas las que han sido agredidas sexualmente", ha subrayado la ministra. Con la aprobación de la ley -ha destacado- se garantizará una asistencia integral a las víctimas.

Las violaciones, las agresiones sexuales, el acoso sexual en el trabajo o la vía pública, y la trata con fines de explotación sexual serán vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres y serán también violencias machistas, por lo que sus víctimas tendrán derecho a acceder a todos los mecanismos de atención y reparación.

El consentimiento expreso pasará a ser la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

El PP y Vox han defendido en el pleno sendos vetos a la norma, rechazados por amplia mayoría, al considerar que carece de seguridad jurídica y viola derechos fundamentales.

La senadora del PP María Adelaida Pedrosa, que ha calificado el texto de "disparate", ha denunciado que la ley instrumentaliza el dolor de las víctimas, no mejora su protección y "se carga uno de los pilares fundamentales del estado de derecho, como es la presunción de inocencia".

Frente a esa posición, la socialista Donelia Roldán ha asegurado que la ley viene a subsanar "una de las grandes miserias del ser humano", como es la violencia contra las mujeres, aunque ha reconocido que

al PSOE les habría gustado incluir "la agresión sexual mas antigua del mundo, la esclavitud sexual, la prostitución que sufren muchas mujeres en nuestro país".