El 2023 será un año electoral de intensa actividad legislativa en el Congreso ya que en tan solo unos meses tendrá que dejar lista una batería de leyes entre las que destacan dos grandes apuestas del Gobierno: la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza. Leyes con las que el Ejecutivo de coalición busca afianzarse de cara a las elecciones generales.

Después de terminar el 2022 con una cascada de normas, que en muchos casos han suscitado profundas polémicas -como la ley de sedición, la reforma de la malversación o la ley trans y la de bienestar animal-, el Ejecutivo ha dejado atrás este mal trago con la intención de encarar un nuevo año que evidencie la fuerza del primer gobierno de coalición de la democracia y de sus socios parlamentarios.

Este año los Presupuestos Generales del Estado no pasarán por las Cortes, pero en el Congreso se prevén cinco meses de trepidante trabajo antes de que en mayo se celebren elecciones municipales y autonómicas.

El nuevo periodo de sesiones se abre oficialmente en febrero hasta el 30 de junio, aunque todo apunta a que en enero habrá algún pleno extraordinario.

Además, una vez celebrado en 2022 el primer debate de la nación bajo el mandato de Pedro Sánchez, el presidente podría volver a convocarlo en un año electoral que culminará con la presidencia de España de la Unión Europea.

De cara a lo más inmediato, el Ejecutivo tiene que convalidar el último decreto de ayudas aprobado en diciembre para frenar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania mientras que el PSOE tiene pendiente registrar la proposición de Ley que reformará la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese a los recientes nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Recta final de la Ley de Vivienda

Una de las primeras leyes que previsiblemente estarán sobre la mesa en el primer trimestre del año es la de Vivienda, que los morados quieren aprobar cuanto antes para marcar perfil en las autonómicas y que en 2022 seguía estancada en los topes a los alquileres y en la modificación para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas.

Unidas Podemos recuerda al PSOE que este compromiso de legislatura hay que cumplirlo ya, y aunque los socialistas también lo ven cerca llaman a la responsabilidad para que la ley vea la luz con "seguridad jurídica".

Ambas partes deberán volver las próximas semanas a un juego de equilibrios en el que ni unos ni otros salga demasiado desgastado.

La reforma de las pensiones

De forma paralela los socialistas tendrán que negociar con sus aliados parlamentarios la nueva reforma de las pensiones -que está a punto de ser aprobada en Consejo de Ministros-, la derogación de la ley mordaza, la nueva ley que prohibirá la prostitución, la ley de secretos oficiales o la reforma del artículo 49 de la Constitución que pretende eliminar el término disminuido de la Carta Magna.

Otras normas previstas son la ley que regulará el secreto profesional del periodista, la modificación de la LOREG, la de Seguridad Nacional o la reciente ley de Transparencia anunciada por Sánchez para que todos los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos.

Las exigencias para derogar la Ley Mordaza

Pero de todas ellas, los esfuerzos están puestos en la nueva ley de Seguridad Ciudadana, que una vez encaminada la ponencia debe convocar a la comisión para votar enmiendas y poder seguir su trámite en el pleno.

Los apoyos de PNV, ERC y Bildu son imprescindibles y la marcha de la Mesa de Diálogo en Cataluña se colará de fondo. De momento el Gobierno ha descartado la petición de ERC de un referéndum sobre la independencia aunque sí apoya profundizar en el Estatut.

Pero la Generalitat avisa que utilizará el peso de los 13 diputados de ERC en el Congreso para forzar avances.

Y en el Senado se zanjarán durante las primeras semanas de este año otra batería de leyes cerradas en 2022 en el Congreso. La reforma de la ley del aborto -que elimina la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años-, la ley trans -que reconoce por primera vez la autodeterminación de género-, o la ley de bienestar animal -que excluye a los perros de caza-, serán ratificadas previsiblemente por la Cámara Alta sin ser enmendadas.

No saldrán adelante

No obstante, el Congreso acumula iniciativas desde 2020. La proposición de Ley sobre bebés robados en España, la que pide sancionar la morosidad empresarial o la que reforma el Código penal para la protección de la libertad de expresión son las que suman más prórrogas en sus plazos de enmiendas.

La proposición de Unidas Podemos sobre salud mental, o la de Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA, también siguen pendientes.

A ellas se suman otras como la del ratio de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente, la ley de un nuevo sistema de cotización para los autónomos, o la que regula la Seguridad Social para las empleadas del hogar.

Más difícil será desatascar la proposición de Ley de ERC y Bildu para despenalizar el delito de injurias a la Corona y los ultrajes a España.