Natalia Garriga, directora de Servicios de Vicepresidencia, investigada por delitos de sedición, desobediencia y malversación, penados con cárcel, es una de las 14 personas detenidas en la operación contra el referéndum que ya ha sido puesta en libertad. María Teresa Velasco, abogada de Natalia Garriga, asegura que han sido unas horas difíciles para los detenidos.
"Os lo podéis imaginar, cuando alguien está privado de libertad y que siente que es injusto. Tenéis que entender que están muy cansados los que están saliendo por las horas vividas, horas de mucha tensión e incertidumbre", ha precisado Velasco.
Los mismos delitos a los que se enfrentan los ocho que ya están libres. Es el caso de Pau Furriols, propietario de la nave industrial donde se encontraron miles de papeletas y sobres para el 1 de octubre y que, como el resto, deberá comparecer ante el juez en los próximos días. Furriols ha asegurado a su salida de comisaría que no sabe lo que está pasando, y que no puede decir nada: "Nos han tratado bien en comisaría. Ahora estoy en libertad, y esperamos que todo termine bien".
El proceso se está ralentizando más de lo normal porque diez de los detenidos pidieron 'habeas corpus' para que sus detenciones se consideraran ilegales, algo rechazado por los jueces. Estos han respaldado la actuación del titular Juan Antonio Ramírez Suñer, que nada tiene que ver con la investigación contra el Gobierno Catalán del Tribunal Superior de Justicia Catalán por anunciar el referéndum.
"No es el juez del 'proces', es el juez de una investigación secreta, desde hace ocho meses, que tiene que ver con la utilización de bases de datos de forma ilegal", ha señalado Carlos Quílez, periodista de Crónica Global. Gracias a la documentación incautada estos meses, se ha llegado hasta el uno de octubre, que ha quedado casi desactivado, para el que la Generalitat habría gastado más de seis millones de euros.