El juez Pablo Llarena, que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo, ha dado un plazo de dos días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el recurso que ha presentado el expresidente catalán Carles Puigdemont contra su decisión de no amnistiar la malversación por la que está procesado.
En un auto notificado este mismo lunes, el magistrado ha puesto en conocimiento del Ministerio Público el recurso de Puigdemont, el de su exconsejero Toni Comín, el de la secretaria general de ERC Marta Rovira, y el de la acusación popular que ejerce Vox.
Fue el pasado 1 de julio cuando Llarena rechazó aplicar la ley de amnistía a la malversación al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.
Puigdemont recurrió la decisión de Llarena en un escrito en el que le acusaba de "ignorar deliberadamente" la ley y de hacer una interpretación "completamente insostenible" de la amnistía. Le acusaba también de incurrir en "quiebras lógicas y contradicciones tan evidentes" que, a su juicio, dejan en evidencia "lo arbitrario" de su resolución.
La Fiscalía, que deberá pronunciarse sobre el argumento de Puigdemont, ya se pronunció sobre la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados.
El Ministerio Público presentó un recurso contra dicha decisión en el que se amparó –al igual que hace ahora el expresidente-- en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer.
"La única interpretación razonable de la ley que ahora aplicamos nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la ley quiere amnistiar", sostenía la magistrada.