La tasa de asuntos por resolver en los juzgados ha aumentado un 30% durante la pandemia. Los sindicatos denuncian que las carpetas se acumulan en los despachos judiciales, a pesar de que en el último año los litigios nuevos han caído un 12%.
En este sentido, Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, señala que, debido al COVID-19, "las vistas y los juicios no se podían celebrar de la misma manera", y critica la "falta de interoperabilidad y lentitud de las herramientas informáticas".
En al misma línea, Luis Calero, secretario general del sector Justicia de CCOO, afirma que "ha habido que actuar lloviendo sobre mojado, es decir, sobre una Administración de Justicia excesivamente sobrecargada y con falta de medios".
Para librarse del atasco, calculan que deberían trabajar durante siete meses sin que entrara un caso más y que el volumen de trabajo exigiría 19.300 funcionarios nuevos.
España cuenta con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, lejos de los 21 de media en la Unión Europea. Esta misma semana, trabajadores de la Administración de Justicia protestaban a las puertas del Ministerio.
Jordán de Urries defiende que la justicia "necesita más y mejores medios materiales y personales ya", y añade que "esto no es un gasto, sino que es una inversión en mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos".
Por su parte, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, pretende agilizar el sistema judicial con dos reformas legislativas: la primera exigirá en el ámbito civil que se busquen soluciones a un litigio mediante conciliación antes de iniciar un proceso judicial.
Sin embargo, José Bonet, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, critica que con esto "se limita el acceso a la justicia", mientras que defiende que "la solución sería aumentar la capacidad de respuesta".
Una segunda reforma propone la conversión de más de 3.700 juzgados dirigidos por un juez en Tribunales de Instancia con responsabilidades compartidas. Los Juzgados de Paz se convertirán en Oficinas Municipales de Justicia donde realizar gestiones sin tener que acudir a los juzgados.
José Bonet afirma que, de esta forma, los Juzgados de Paz "se convertirán en una especie de satélite de los juzgados". "Les van a dar una cierta función de colaboración con los órganos judiciales para acercarlos".
Se trata de medidas que requieren la digitalización de la justicia. Juan Carlos Campo se ha comprometido a discutir la reforma este mismo mes de abril en el Consejo de Ministros.