"Estaban declarando beneficios cuando en realidad se habían producido pérdidas", es la tesis del fiscal Luis Rodríguez Sol.
Un falseamiento del que responsabiliza, principalmente, a sus exdirectores. Para el que lo fue primero, Roberto López Abad, la Fiscalía pide siete años y medio de prisión por estafa, falsedad y apropiación indebida.
Lo mismo que solicita para la que le sucedería en el cargo, María Dolores Amorós. "Puedo asegurarles que me esforcé con toda mi capacidad en conseguir el objetivo de llevar a buen puerto la estrategia de capitalización de la caja", asegura ella
La exdirectora se autoconcedió una pensión vitalicia de 370.000 euros y recurrió su despido. Pedía diez millones que la Justicia le negó.
La caja que Sabadell terminó comprando por un euro, tendrá un coste estimado para los españoles de 11.000 millones. "Si usted habla de la CAM, estamos hablando de lo peor de lo peor. Yo no descartaría que fuera muy probable que eso le costara al contribuyente", aseguraba el expresidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.
Un agujero del que la Fiscalía no considera responsable al que fuera su presidente, Modesto Crespo. Para él, el fondo de garantía de depósito, pide nueve años.
"Un grupo financiero fuerte, solvente y muy bien posicionado", aseguraba el expresidente de la CAM, Modesto Crespo. Pero no era solvente, el rescate de la CAM es el tercero en el ránking de los más costosos para las arcas públicas