La mayoría del Congreso ha avalado este martes los nuevos impuestos a grandes energéticas y banca planteados por PSOE y Unidas Podemos durante el debate de admisión a trámite de la iniciativa, que ha suscitado el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.

Además de las formaciones que conforman el Ejecutivo, han respaldado la tramitación de los impuestos socios habituales como Esquerra Republicana, el PNV o EH-Bildu, pero también Coalición Canaria, el BNG y la CUP.

"Tiempos extraordinarios exigen esfuerzos extraordinarios", ha justificado la portavoz fiscal del PSOE, Patricia Blanquer, asegurando que "la inflación también genera ganadores y perdedores" y que "es justo pedir un esfuerzo ahora". Por ello, ha invitado a la oposición "a decidir de qué lado están, si de los que sufren, o de los que se aprovechan de los que sufren".

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que los nuevos gravámenes no amenazan la sostenibilidad financiera de los dos sectores, a los que ha pedido "que arrimen el hombro". "Ser patriota es eso, no envolverse en una bandera gigante", ha dicho, mientras que su portavoz fiscal, Txema Guijarro, ha advertido de que, pese a la inflación, los márgenes empresariales se mantienen o incluso aumentan algunos sectores.

Joan Margall, de ERC, ha reclamado que el impuesto sea permanente, y no temporal mientras los beneficios obtenidos por los sectores sean extraordinarios, y ha pedido asegurar que no acaben repercutiéndose en el consumidor.

PNV y Bildu han apoyado su tramitación, pero exigiendo un acuerdo para su aplicación en las comunidades con régimen foral, País Vasco y Navarra, advirtiendo incluso los primeros con tumbar el impuesto por la vía legal: "O hay concertación foral o nos opondremos con todos los medios a nuestro alcance", ha avisado Idoia Sagastizabal, que ya había advertido del riesgo de que los tributos fueran impugnados y acabaran teniendo que devolverse cantidades recaudadas.

Los nuevos tributos fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación como parte del plan económico para afrontar los costes derivados de la crisis energética y de precios, derivada de la invasión rusa de Ucrania.

Días después, PSOE y Unidas Podemos registraron la iniciativa, en la que plantean un gravamen temporal del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros, y del 1,2% las ventas totales de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año.

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

Sobre la posibilidad de que las empresas trasladen el coste del impuesto a los clientes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario.