Aún queda una larga negociación para sacar adelante las medidas de regeneración democrática a las que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su parón de cinco días para reflexionar sobre qué camino tomar a raíz de todas las informaciones vertidas sobre su esposa Begoña Gómez, y que ya cuentan con el visto bueno del Consejo de Ministros.
Pero aún no hay nada asegurado. Los socios de Gobierno han puesto en duda el 'Plan de acción por la democracia', que incluye una treintena de medidas para impulsar la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación.
Junts ha dicho este martes que lo ocurrido con Puigdemont el pasado 8 de agosto en Barcelona ha marcado "un antes y un después" en relación con el PSOE y consideran que lo propuesto en materia de regeneración es "puro maquillaje".
Por su parte, en el PNV, otro de los socios habituales del Gobierno, hay escepticismo sobre las medidas aprobadas este martes en el Consejo de Ministros y hablan de "inconcreción".
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha definido el plan de regeneración democrática presentado por el Gobierno como "un maquillaje" y "pura palabrería" y ha pedido al Ejecutivo que "sea más valiente".
"Desde el final de 'Lost' y 'Los Serrano' a mí no me decepcionaban tanto", ha ironizado el diputado en los pasillos del Congreso, donde ha indicado que "siempre hay tiempo" para negociar el apoyo de su grupo a este plan.
Sin embargo, ha opinado sobre el Gobierno que "deberían ser más valientes, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que les queda". Sobre el plan también se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha opinado que "los objetivos son buenos" y aunque el plan "tiene que ser más profundo", "está bien encaminado".
El resto de partidos de grupo de investidura aseguran que no han visto el documento y que no fijarán posición hasta que no vean que sus exigencias están incluidas. Por tanto, a partir de ahora aún queda una larga negociación.
El 'Plan de acción por la democracia' incluye una treintena de medidas para impulsar la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación que implican aprobar nuevas normas y reformar numerosas leyes vigentes, desde la que regula la publicidad institucional a la ley electoral.