La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la legislación actual es suficiente para hacer frente al problema de la 'okupación' de viviendas y también para proteger los derechos de los propietarios.

"Todo lo que sea proteger los derechos de las personas, es evidente que hay que tratar de protegerlo al máximo. En todo caso, creo que tenemos una legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación', sin perjuicio de que puedan tomarse otras medidas", ha afirmado Robles en declaraciones a Europa Press.

Así, la responsable de Defensa, que antes ejercía como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, opina que "desde el punto de vista judicial", la normativa vigente "protege el derecho del propietario" frente a los 'okupas'.

No opinan lo mismo partidos de la oposición, que ya han presentado varios proyectos de ley en el Parlamento para endurecer la legislación. Todas las iniciativas van en la misma línea: elevar las condenas de los 'okupas' y permitir una actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, el PP plantea recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión, que se faculte a policías y guardias civiles para que puedan echar a los 'okupas' en un máximo de 48 horas, y que se no se permita a los ayuntamientos poder empadronarlos en esas viviendas como, según el partido, está pasando ahora.

Vox defiende actuaciones rápidas y contundentes, "sacarles de una patada en el culo el mismo día", en palabras del líder del partido, Santiago Abascal. Sus propuestas pasan por elevar la condena a los 'okupas' hasta los cuatro años de prisión y permitir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojarles de inmediato.

En cuanto a Ciudadanos, plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se puedan celebrar juicios rápidos para los delitos de allanamiento de morada y de usurpación, también que las inscripciones en el padrón municipal de quienes estén ocupando ilegalmente una vivienda sean nulas, así como castigar con entre uno y dos años de cárcel o con multas de seis a doce meses en función de si la 'okupación' se ha producido usando o no la fuerza.

Las propuestas de cambios en la legislación no sólo provienen de los partidos de la oposición, sino que desde las filas socialistas también se han hecho algunos planteamientos. Es el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en una entrevista con Europa Press, pedía ampliar los tiempos de actuación policial sin intervención judicial y que no se empadrone a los 'okupas'.

Además, anunció que tiene previsto presentar un proyecto de legislación "muy contundente" sobre este tema el próximo mes de octubre y considera que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no le va a quedar más remedio" que tomar alguna iniciativa.