María Guardiola se traga sus palabras y acuerda tramitar una ley de concordia con Vox en Extremadura

Por activa y por pasiva. Son los modos en los que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha negado que aceptaría lo que le exigía Vox en su acuerdo de gobierno: tramitar la ley de concordia en la región y así derogar la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, en el último Consejo de Gobierno se ha tragado sus palabras y ha cedido a las exigencias de la ultraderecha.

Tenía unas prioridades entre las que no estaba aprobar una ley contra la memoria diseñada por la formación liderada por Santiago Abascal. "Ahora mismo no vamos a poner en marcha esa ley de concordia, no está encima de la mesa y no es nuestra prioridad", aseguraba Guradiola el pasado 17 de julio.

Esa norma, que supone derogar la actual de memoria democrática, se va a tramitar gracias al gobierno del Partido Popular (PP). Un ejecutivo regional en minoría que hasta hace cuatro días tenía este tono: "Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman".

Así acusaba a Vox de moverse por "tacticismo electoral en lugar de responsabilidad", además de no defender los intereses regionales: "Me parece lamentable que hayan decidido tirarlo todo por la borda por exigencia del señor Abascal", aseguró la baronesa 'popular ' extremeña, el pasado 18 diciembre. Esa misma jornada, sostuvo que intentaría "hasta el final aprobar el presupuesto".

Ahora, le guiña el ojo con una ley que supone la derogación de la Ley de Memoria Democrática que equipara a las víctimas de la dictadura con las víctimas del bando vencedor tras el golpe de Estado franquista. Un cambio de posicionamiento que el PSOE atribuye, precisamente, a la aprobación de los presupuestos para 2025.