El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, María José Segarra, como nueva fiscal del Estado, tras recibir los avales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Congreso de los Diputados.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, antes de proceder a la lectura de los principales acuerdos alcanzados en una reunión a la que no ha asistido el presidente, Pedro Sánchez, al encontrarse en Bruselas en la cumbre de los líderes de la Unión Europea con los jefes de Estado o de Gobierno de cada país miembro.
La Comisión de Justicia ha examinado los méritos y la idoneidad de Segarra para hacerse cargo del Ministerio Público donde afirmó que durante su mandato la "autonomía" de la Fiscalía estará garantizada y que su gestión se centrará en la "defensa activa de la ley". En este sentido, ha recalcado que "el Ministerio Fiscal está vinculado en lo material, y subrayo en lo material, al Ministerio de Justicia" porque al fiscal general del Estado "no se le pueden dar órdenes de ningún tipo", pues así lo dice el Estatuto Orgánico de los fiscales.
Precisamente, en el Estatuto Orgánico también se exige que el órgano de gobierno de los jueces dé el visto bueno de su nombramiento, trámite que superó con éxito el pasado 15 de junio,al aceptar su candidatura por unanimidad del Pleno. Ni el informe del CGPJ ni el examen del Congreso de los Diputados son vinculantes, pues el Poder Judicial sólo hace una mera constatación de que la nueva máxima autoridad de los fiscales ha sido elegida entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y los diputados expresan su opinión sobre su candidatura.
Tras su nombramiento, la nueva fiscal general prestará ante el rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. Segarra sustituirá en la Fiscalía General del Estado a Julián Sánchez Melgar, que cesó automáticamente del cargo cuando salió adelante la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
El mandato del fiscal general del Estado es de cuatro años la duración del Gobierno, pero en este caso, al haber transcurrido ya dos años de legislatura, Segarra estará en el cargo al menos hasta la nueva convocatoria de elecciones.
El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español" y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.