El Gobierno está a punto de cumplir la hoja de ruta de Bildu: 44 etarras podrán descontar los años de cárcel que cumplieron en Francia y siete podrían ser excarcelados en los próximos meses. El pasado 18 de septiembre se aprobó en el Congreso por unanimidad, con los votos del Partido Popular y Vox, una reforma judicial para modificar la ley orgánica 7/2014 -sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea- con el objetivo de aplicar una transposición Europea, es decir, permitir cambiar los antecedentes penales dentro de la Unión Europea.
Una reforma que esconde en si una de las reivindicaciones históricas de Bildu y del entorno de ETA. Dentro de la modificación planteada por el Gobierno se añadió un detalle que, a priori, pasó desapercibido para el resto de formaciones políticas: la conmutación de la pena, es decir, restar de la pena española el tiempo que ciertos presos hubieran pasado entre rejas en otros países de la UE. En el caso de los 43 presos de ETA, se rebajaría su salida de prisión en España los años que hubieran cumplido en Francia.
El Gobierno justifica esta decisión alegando que está aplicando una norma europea. "Es una transposición de una directiva europea, la directiva 2019/884 sobre antecedentes penales", han señalado a laSexta fuentes de Sumar. En líneas generales, dicha directiva a la que se hace referencia obliga a eliminar cualquier norma que pueda ser discriminatoria para ciudadanos de la Unión Europea. "Teníamos un problema con la aplicación que obliga a que los Estados tengan en cuenta las condenas pronunciadas por otros Estados miembros por delitos equivalentes a la hora de determinar la ejecución de las condenas", explican los socios de Gobierno. Esa discriminación la sufre cualquier ciudadano español que hubiera sido condenado en un país de la Unión Europea y que finalmente acabara cumpliendo la condena en España.
Por lo tanto, si todo sigue lo previsto y se refrenda de manera definitiva la reforma en el Senado, se verán beneficiados más de 40 etarras, entre los que se encuentra Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como Txapote. Tal y como indica 'El Confidencial', al entrar en vigor la modificación de la ley orgánica 7/2014, la condena de uno de los exjefes de la banda terrorista se vería rebajada un total de seis años -la pena que cumplió en territorio francés-. Por lo que en vez de terminar su condena en 2031, Txapote podría salir de la cárcel en los próximos meses.
El Gobierno se escuda en la aplicación de la normativa comunitaria, pero lo cierto es que el Tribunal de Estrasburgo avaló en varias ocasiones que el tiempo que habían pasado los etarras en cárceles francesas no computara para la pena en España.
¿Qué pasará este martes en el Senado?
Desde el Partido Popular han justificado su sí en el Congreso diciendo que fueron engañados y apuntan a que el Gobierno de Sánchez "ha podido mentir a toda la Cámara" y, por tanto, "tienen que estudiar qué harán en el Senado". "Si se confirma ese ultraje y esa indecencia a la que ha sometido a este Parlamento y el engaño a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, desde luego que desde el Partido Popular vamos a estudiar todas las herramientas políticas, jurídicas y parlamentarias para evitar que esto se consume", ha declarado Noelia Núñez en una declaración ante los medios en el Congreso.
Sin embargo, ¿pueden los 'populares' mandar de nuevo la reforma al Congreso tras haber sido aprobado por unanimidad el pasado 18 de septiembre? Según el reglamento, los de Feijóo podrían votar en contra, pero no lograrán frenar la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esto se debe a que ya se aprobó el informe de la ponencia sin añadir ninguna enmienda y el Senado no tiene la potestad para retirar un proyecto de ley. "Vamos a estudiarlo porque nos parece algo extremadamente grave y preocupante de confirmarse que efectivamente el Gobierno de Pedro Sánchez ha engañado a esta cámara, a todos los grupos parlamentarios, para beneficiar a sus socios de Bildu", ha añadido Núñez.
Por su parte, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, ha asegurado que la modificación está en tramitación parlamentaria y que no tiene nada que ver con el Gobierno. "Es una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea en España. Es una tramitación parlamentaria pacífica. En el Congreso se votó a favor por todos los grupos, por PP, por Vox… Esa tramitación también ha continuado en el senado donde ni siquiera ha habido enmiendas", ha aseverado el socialista.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, en contra de la reforma
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con esta disposición el Gobierno está "a punto de cumplir la hoja de ruta de sus socios" de ETA y ha recordado que ya alertó de esta posibilidad en febrero de 2022, aunque entonces el Ejecutivo lo negó "categóricamente". Esta asociación de víctimas ha expreasdo su sorpresa por el apoyo del PP, Vox y UPN a esta reforma, y se pregunta si estos partidos no se han dado cuenta de que afectará también a los etarras.
La entidad que preside Maite Araluce ha considerado que, aunque se rectifique en el Senado, "sólo será un parche" y que "tarde o temprano, se cumplirá la hoja de ruta bilduetarra de vaciar las cárceles". Asimismo, ha criticado que la nueva consejera del PSE en el Gobierno Vasco, María Jesús San José, impulse un modelo penitenciario que "prima la semilibertad de los presos", con 82 progresiones a tercer grado de 67 etarras.
"Si la semana pasada conocíamos que la nueva consejera del PSE del Gobierno Vasco puesta por Sánchez, María Jesús San José, impulsaba el modelo penitenciario del PNV que prima la semilibertad de los presos (y ya van 82 progresiones a tercer grado de 67 etarras), hoy nos despertamos con esto", ha apuntado. La AVT ha concluido que las víctimas se sienten "cada vez más solas", mientras que el Gobierno "sigue preocupándose más de contentar a los terroristas".