"Irresponsable y peligrosa"
Mazón sigue adelante con su Plan Simplifica que permite construir en zonas inundables
En contexto En 2023, el Gobierno valenciano de PP y Vox inició una contrarreforma para flexibilizar leyes protectoras del territorio. La Ley de Simplificación Administrativa, que ya está en vigor, podría permitir la construcción en hectáreas de suelo no urbanizable e inundables.
A pesar de las inundaciones que han dejado más de 200 víctimas mortales y causado devastación en la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha dado marcha atrás en su plan de simplificación urbanística. La nueva normativa, aprobada en Les Corts con los votos de PP y VOX, permite construir en zonas potencialmente inundables sin necesidad de presentar un informe de riesgo previo a la Generalitat.
El decreto, que ya está en vigor, ha sido duramente criticado por partidos de la oposición, expertos en urbanismo y colectivos sociales. Según José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, "el PP de siempre prioriza el negocio inmobiliario frente a las vidas humanas". La medida, argumentan los detractores, pone en peligro a cerca de 600.000 personas que podrían acabar viviendo en terrenos con alto riesgo de inundación.
El texto legal elimina la obligación de solicitar un informe técnico a la Generalitat antes de autorizar construcciones en zonas inundables. Esta medida, según el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, busca "agilizar los trámites municipales". Sin embargo, alcaldes como el de Catarroja han denunciado que "bajo la excusa de agilizar, realmente se está eliminando la responsabilidad de un departamento entero".
Una arquitecta expresó su preocupación: "Si bien simplificar trámites puede ser una ventaja en algunos casos, la construcción en zonas inundables requiere asesoramiento técnico riguroso para evitar desastres". Según el último Plan de Prevención del Riesgo de Inundación, en la Comunitat Valenciana existen más de 280.000 hectáreas clasificadas como potencialmente inundables, afectando a 70 municipios en Valencia, 34 en Alicante y 10 en Castellón.
El diputado de Compromís, Juan Bordera, calificó la medida de "irresponsable y peligrosa". Según Bordera, "lo único que se está simplificando es la facilitación a los promotores urbanísticos para hacer pelotazos en lugares donde puede haber riesgo de muertes".