El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT ultiman un principio de acuerdo para aprobar el Estatuto del Becario, un pacto al que no se ha sumado la patronal CEOE-Cepyme, que rechaza llegar a nuevos acuerdos por la disolución de las Cortes tras el adelanto electoral.

Según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirmar EFE a través de fuentes de la negociación, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos ultiman un acuerdo en el que no participa la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, ya se descolgó de la negociación esta semana.

El texto "se encuentra a punto de culminar, por lo que el acuerdo es inminente", han indicado a EFE desde UGT, y añaden que recogerá "gran parte" de las demandas de los sindicatos, como la "definición clara de las prácticas para evitar fraudes , la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio".

Flecos por cerrar con sindicatos, pero sin empresarios

El secretario de Juventud de CCOO, Adrià Junyent, ha confirmado en declaraciones remitidas a los medios que se encuentran "muy cerca de un acuerdo, aunque aún quedan algunos pequeños flecos por cerrar", y ha apuntado que desde el Ministerio de Trabajo se han "precipitado" al dar por hecho el acuerdo.

"Nuestra posición es contraria", ha confirmado a EFE el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, que ha recordado que la patronal ya dijo que "con las Cortes disueltas y una convocatoria electoral no nos parecía decente cerrar nada que hipotecara a quien decidan los españoles que gobernará". Además, Amor justifica su rechazo también por el contenido de la norma, el cual "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad".

En octubre del pasado año, Gobierno y sindicatos ya cerraron un acuerdo sobre el Estatuto del Becario, el cual llegaron a ratificar los órganos internos de CCOO y UGT, pero que, finalmente, no fue al Consejo de Ministros porque el Ministerio de Trabajo quería contar con el respaldo de la patronal, algo que no llegó a suceder.

Ese acuerdo establecía que el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla de la empresa y otorgaba derechos a los becarios, como la compensación de gastos y las vacaciones y días festivos. La aprobación de esta regulación busca acabar con el fraude detrás de prácticas y becas, especialmente en las extracurriculares (las que no están ligadas a ninguna formación reglada), principal punto de escollo para el acuerdo.

En ese pacto con los sindicatos se estableció que las prácticas extracurriculares solo podrían existir cuando formasen parte de los contenidos curriculares para la obtención de títulos oficiales, es decir, cuando tuvieran una relación directa con los estudios. El pasado mes de mayo se conoció que el Gobierno buscaba presentar una nueva propuesta que diera cierta flexibilización a las prácticas no curriculares, según fuentes de la negociación, para sumar así a la patronal.