El conseller de Interior, Miquel Buch, se ha desentendido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la cesión y apertura de locales del 1-O en Premià de Mar (Barcelona) cuando era alcalde de esta localidad y ha alegado que su apoyo al referéndum fue meramente político.
Según han informado fuentes judiciales, Buch ha comparecido durante unos 25 minutos ante el magistrado del alto tribunal catalán Jordi Seguí como investigado por los delitos de desobediencia y prevaricación por ceder supuestamente locales de titularidad municipal para celebrar el 1-O en Premià de Mar cuando era alcalde de este municipio.
Buch, junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras, ya prestó declaración como investigado en septiembre último por promover el referéndum del 1-O entre los alcaldes cuando lideraba la Asociación Catalana de Municipios (ACM), en una causa que le archivó el TSJC.
No obstante, a petición de la Fiscalía, el alto tribunal catalán acordó volver a imputarle por facilitar presuntamente la organización del referéndum del 1-O en su municipio como alcalde de Premià, cargo que dejó cuando fue nombrado conseller.
Según ha aducido Buch ante el juez, el apoyo que dio al 1-O fue exclusivamente político y se limitó a la firma, el 7 de septiembre de 2017, de un decreto de alcaldía por el que el Ayuntamiento se ponía a disposición de la organización del referéndum, horas antes de que la votación fuera suspendida por el Tribunal Constitucional.
El propio secretario del Ayuntamiento, han apuntado fuentes jurídicas, se negó a firmar dicho decreto de alcaldía, argumentando que no estaba amparado en ningún informe jurídico que valorara su legalidad. Respecto a los tres locales municipales que albergaron urnas, Buch ha eludido cualquier responsabilidad y ha señalado que ignora quién facilitó las llaves: de hecho, su defensa ha aportado un certificado del secretario del consistorio que prueba que estaban a disposición de varias personas.