El Gobierno es tajante: muestra "su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor". Así se han expresado en Moncloa tras el revuelo político formado por las últimas declaraciones de Teresa Ribera . La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica denunciaba este viernes que las acciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón "tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles".
Se refería Ribera con esta dura crítica a la decisión del magistrado de insistir en la imputación por terrorismo al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "La hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas". Unas palabras que han generado cierto malestar en el Ejecutivo. Si bien no se ha dado una rectificación pública a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta, sí ha habido movimientos para desvincularse de las mismas.
Así, fuentes del Gobierno han indicado a laSexta que "siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas". Asimismo, han ahondado en el caso Tsunami para valorar el proceso: "Las decisiones del magistrado fueron recurridas por el Fiscal del caso, por lo que la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional. Ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales".
"El Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte", concluyen esas fuentes, que al mismo tiempo han aprovechado para golpear al PP, también por la cuestión judicial: "Si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de cinco años. O el intento de 'controlar la Sala Segunda del TS por detrás', como manifestaron en su día dirigentes del PP".
Precisamente, en filas populares no han gustado nada las palabras de Ribera sobre las acciones de García-Castellón. El PP ve de "una gravedad extrema" que la vicepresidenta haya insinuado que hay jueces que prevarican. Los populares critican además "el silencio" que, según el PP, confirma que el PSOE "ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno". "El ataque a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes sigue su escalada", ha advertido el portavoz Borja Semper en redes sociales.