La normalidad institucional que trató de reventar Ayuso dando plantón a Sánchez continúa. Prueba de ello son los encuentros que se celebran durante la mañana de este viernes en Moncloa entre el presidente del Gobierno y las dirigentes autonómicas de Baleares y Extremadura. Cuestión de importancia al tener en cuenta que tanto la balear Margalida Prohens como la extremeña María Guardiola pertenecen al Partido Popular (PP).

Estos encuentros se enmarcan en una ronda de reuniones que Sánchez lleva a cabo desde hace semanas con el fin de fomentar el diálogo entre Administración Central y las regiones, aunque con la sombra de la financiación autonómica como protagonista. Un foco que se generó después de que PSC y ERC acordaran diseñar una singular para Cataluña como parte de un pacto de investidura. De esta manera, los socialistas catalanes se garantizaban los votos de los republicanos para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat.

Unas citas, además, a las que han acudido todos los presidentes autonómicos, incluidos los 'populares'. Será entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien marque la diferencia. El orden protocolario contemplaba que el encuentro tuviera lugar este viernes, tal y como le trasladó el gabinete de Sánchez al de Ayuso la semana pasada. Tras unos días de reflexión, este lunes Ayuso declinó la invitación.

Sol lo comunicó de forma oficial a través de un comunicado en el esgrimían dos razones. Por un lado, Ayuso considera que el encuentro que le proponían "se celebra en el marco de una ronda de reuniones posteriores a la negociación de la ruptura de la Hacienda común de todos los españoles con los socios independentistas del Gobierno". Es decir, el pacto entre PSC y ERC que se mencionaba unas líneas más arriba y que, de hecho, también hizo dudar a otros presidentes del PP.

Aseguraban que este pacto "va a ser letal para el Estado de Derecho, la unidad de España y la solidaridad entre regiones", lo cual les llevaba a no poder dar "por válida esta decisión que (...) nunca se ha consultado ni con los presidentes autonómicos ni con el pueblo español en programa electoral alguno". Así, sostenían que "no se puede normalizar lo que no lo es".

No obstante, había otra cuestión que llevó a Ayuso a rechazar la cita con Sánchez. La difamación. "Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados".

En estas declaraciones que alegan desde la Comunidad de Madrid, el presidente del Ejecutivo valoraba la 'imputación' del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de correos electrónicos entre un fiscal de Delitos Económicos y el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Una información que fue tergiversada cuando se apuntó a que había sido el Ministerio Público el que había propuesto un pacto de conformidad a González Amador, siendo que había sido al revés después de que el empresaria admitiera un delito de fraude fiscal.

"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", dijo Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación. Palabras similares a las que horas después también recurrió el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.

Precisamente, este extremo fue el que llevó a Sol a argumentar en su comunicado que "los ministros han recibido la orden de repetirlas durante las últimas horas, en una campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior". Tras señalar que se trataba de una situación sin precedentes, subrayaron "el deterioro institucional al que se está sometiendo a España", el cual consideran "no puede pasarse por alto". Incluso, días más tarde Ayuso acusó a Sánchez de haber instaurado un 'estado policial'.

Mientras que la decisión de la dirigente 'popular' se calificó desde el Consejo de Ministros como una "dejación de funciones", así como de "irresponsabilidad", Ayuso contó con apoyo por parte de su presidente, Alberto Núñez Feijóo. "Cuando en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, le llama corrupta el propio presidente del Gobierno y cuando varios ministros insisten en que es una corrupta y a su familiar se le llama delincuente confeso, cómo no voy a entenderlo", se preguntaba de forma retórica.

Una comprensión que Feijóo ya le trasladó a Ayuso cuando el domingo -un día antes del anuncio- mantuvieron una llamada, pero que no evita que para el líder en Génova la decisión de Ayuso sea un "error institucional", según apuntaron fuentes 'populares' a la Sexta. Una consideración que ya dejó caer hace unas semanas cuando Ayuso no dudó en pedir al resto de barones de su partido que no acudieran a estos encuentros.

Sobre esta cuestión también se pronunció el portavoz del PP Borja Sémper quien trató de equilibrar la situación y así no desautorizar ni a Feijóo ni a Ayuso. En una entrevista en Espejo Público, Sémper expresó que "Ayuso hace lo que cree oportuno, es su responsabilidad y nos corresponde respetarlo". Eso sí, admitió que él sí hubiera ido a la cita.

Pese a la ausencia de Ayuso y las grietas que se abrieron entre las filas del PP a raíz de la decisión de la presidenta madrileña, este viernes sí que acudirán a Moncloa las presidentas 'populares' de Baleares y de Extremadura. Unos encuentros con dirigentes autonómicos que se reanudarán el próximo viernes 22 de noviembre con la reunión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y del castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco. Le seguirán los de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y Melilla, Juan José Imbroda.

Marga Prohens

Marga Prohens, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, ha trasladado el rechazo "del trato singular con Cataluña" y ha reclamado una "conferencia de presidentes" a Pedro Sánchez.

Asimismo, ha abordado el problema de la vivienda, ya que Baleares es la comunidad donde más ha crecido su precio, hasta en un 82%. Es por eso que ha reclamado la construcción de vivienda pública para los funcionarios estatales que tienen dificultades para alojarse en el archipiélago debido a la carencia de vivienda. También ha afirmado que hay cuestiones en política de vivienda en la que coinciden con el Gobierno y ha asegurado que este "plantea la cesión de suelo público".

En este encuentro con Sánchez, también ha manifestado el problema de la migración en las Islas Baleares, cuyas costas han alcanzado este año unos 4.000 migrantes, de los cuales "más del 60% de los menores son no acompañados". "Las islas no podemos acoger a más menores", ha denunciado, y ha dicho que no es cuestión de "solidaridad", sino de "capacidad": "No tenemos capacidad. El Gobierno debe implicarse", ha clamado.

En la misma línea, Prohens afirma que no están en "condiciones" de aceptar más menores no acompañados y pide "actuar en origen".

En cuanto al turismo de masas de las Islas Baleares, la presidenta ha asegurado que ellos son una comunidad turística y que están "orgullosos" de ellos, pero que no puede provocar la "pérdida de poder adquisitivo de los habitantes", como está sucediendo en estos momentos. Por eso ha insistido en que es imprescindible un proceso de transformación hacia un modelo más sostenible y pide al Gobierno que se involucre en la "transformación de la principal industria" de las islas.

Prohens también se ha pronunciado sobre la decisión de Isabel Díaz Ayuso de declinar la invitación de Sánchez y ha cerrado filas en torno a ella alegando que "hay que respetar la decisión de cada presidente". Asimismo, ha querido pronunciarse sobre las acusaciones de agresión sexual que apuntan a Errejón y ha señalado que está "muy sorprendida por las informaciones", que, cada vez, "van siendo más y más graves". "Nos ponemos del lado de las víctimas y animamos a todas a que denuncien", ha señalado, para acto seguido pedir explicaciones "próximas a su esfera" y ha pedido que "Yolanda Díaz dé la cara".

María Guardiola

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, valora cómo ha sido su primera reunión con Pedro Sánchez, que ha tenido lugar durante esta ronda de contactos que está llevando a cabo con los presidentes autonómicos. La popular se ha mostrado tajante con los casos de corrupción que azotan al Gobierno y ha mostrado su voluntad de colaboración.

También ha rechazado enérgicamente la financiación singular de Cataluña, y ha señalado que no ha acudido para negociar ese asunto, que "desprecia a los territorios": "No contarán conmigo para estos juegos del hambre", ha aseverado. Asimismo ha manifestado su total rechazo al concierto separatista.

En la misma línea de azote al Gobierno, la presidenta del Ejecutivo extremeño ha reclamado "dignidad ferroviaria" para su territorio e inversiones que lo garanticen, así como que el "AVE sea una realidad". "Tenemos un máster en chapuzas ferroviarias y memes del tren", se ha mostrado tajante.

En esta línea, Guardiola ha pedido a Pedro Sánchez que paralice el cierre de la central de Almaraz porque "la energía nuclear es fundamental e imprescindible"; y ha reclamado la modificación de la PAC, porque, dice, que "perjudica a los agricultores". Para este propósito, y para mejorar las condiciones del campo, ha pedido al presidente del Gobierno "20 millones de euros para el campo extremeño" y ha recordado que "hay vida más allá de la M30", dice en referencia a una de las principales carreteras que rodean la ciudad de Madrid. "No habrá futuro, si no se cuenta con el mundo rural", se ha mostrado tajante.

La presidenta también ha hecho mención a lo ocurrido con Errejón y afirma que, aunque haya dimitido, esto "no acaba aquí". También ha pedido "justicia y reparación", y ha exigido a sus compañeros de partido que acaben con el "silencio cómplice" y detallen desde "cuándo lo sabían".