Este martes ha arrancado el nuevo juicio por los negocios de la trama 'Gürtel' en Boadilla del Monte, en Madrid. Y lo hace con una cifra sorprendente, la de los arrepentidos, hasta 17, ahora sentados en el banquillo. Todos han ofrecido colaboración con la esperanza de que les caiga una pena más pequeña. En primera fila se ha sentado Francisco Correa, el cabecilla de la trama acusado de pagar los sobornos para conseguir las adjudicaciones publicas.
"He adjudicado muchas obras públicas a empresas importantes de este país y todas me querían pagar con dinero en 'B'", dijo. La Fiscalía pide para Correa 76 años de prisión, pero con su confesión pide reducir su condena a 13 años. No es el único arrepentido. Sentado justo detrás se encuentra el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También ha reconocido los hechos, recordando que lleva ya "años colaborando en diferentes procedimientos".
En su escrito a la Fiscalía, asegura que con las mordidas se financiaron la campaña electoral de Esperanza Aguirre, en 2003, y la de Rajoy, un año después, siguiendo, según precisa, las instrucciones del partido. En este sentido, ha reconocido haber recibido 700.000 euros por las concesiones amañadas. Por su parte, el exdiputado del PP Alfonso Bosch también está entre los ahora arrepentidos. Conocido como 'el bujías', ha llegado a reconocer hasta 12 delitos como cohecho, prevaricación, malversación o fraude.
Y entre los empresarios que, de la misma forma que los otros, han decidido confesar destaca Alfonso García-Pozuelo, hombre clave en toda esta investigación. El antiguo dueño de la constructora Hispánica fue el primer arrepentido en colaborar con la justicia. En 2016, García-Pozuelo admitió haber pagado más de un millón de euros en mordidas a cargos y excargos del PP y del grupo Correa. Precisamente, esta confesión reafirmó la causa y también fue un ejemplo para el resto.
De los diez años y medio que pedía para él la Fiscalía en la pieza principal del caso 'Gürtel', le condenaron a dos, y sustituibles por una multa. Por otra parte, Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego, llegó a asegurar que su arrepentimiento es sincero, reclamando una reducción de pena de 64 años a 12, cinco veces menos. Finalmente, el Partido Popular también se sentará en el banquillo a título lucrativo por haberse beneficiado presuntamente de más de 200.000 euros.