Según consta en las actas de las declaraciones del Govern cesado ante la juez Lamela, los exconsellers, a excepción de Santi Vila, se negaron a contestar a la Fiscalía, aduciendo que habían carecido de tiempo para preparar su estrategia de defensa, y a preguntas de su defensa negaron haber propiciado actos de violencia.
Concretamente, el exvicepresidente y exconseller de Economía se desvinculó de la "preparación o promoción de actos violentos", alegando que ello "va en contra sus creencias", y se remitió a las certificaciones de la Administración General del Estado para demostrar que todos los gastos del Govern cesado habían "cumplido los preceptos legales".
En la misma línea declaró Carles Mundó, exconseller de Justicia, que aseguró que "personalmente" rechaza cualquier acto violento, "dadas sus convicciones y su forma de entender la política".
Mundó también subrayó ante la magistrada que nunca había apoyado ninguna movilización "para impedir la realización de cualquier tipo de acto de las autoridades", una declaración en la línea de la que prestó el exconseller de Interior Joaquim Forn, quien negó que hubiera dado "consignas" a los Mossos para "que no cumplieran los mandatos judiciales".