Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y a quien la Fiscalía ha denunciado por un presunto fraude fiscal de 350.951,41 euros, supo que Hacienda le atribuía delito fiscal seis meses antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo tachase de mera "inspección", como hizo recientemente . Así lo ha desvelado este miércoles la Cadena SER, que especifica que la Agencia Tributaria notificó a González Amador el 4 de septiembre de 2023 una propuesta de liquidación "vinculada a delito" fiscal.

Tal y como han señalado algunas fuentes al mencionado medio, la administración dio ese aviso a la pareja de Ayuso tras una inspección que duró un año y cuatro meses, y en la que se "reunió o pidió aclaraciones por escrito a González hasta en 16 ocasiones sobre sus impuestos". Tras el 4 de septiembre se inició un periodo de alegaciones que, según ha explicado la SER, fueron "rechazadas por la Agencia Tributaria ante la evidencia del fraude", lo que llevó al cierre definitivo del acta dos meses y medio después, el 22 de diciembre.

Fue dos meses después de este procedimiento, el 13 de febrero, cuando la Fiscalía firmó una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedaden documento mercantil contra un grupo de cinco personas, entre las que incluía a González Amador, por una trama de facturas falsas ejecutadas durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Una denuncia que, sin embargo, negó a los pocos días la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, en distintas intervenciones.

Entre el 12 y el 13 de marzo, la dirigente popular aseguró que era "falso que sea él [en referencia a su pareja] quien debe 350.000 euros por fraude, no hay fraude alguno". "Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje", defendió Ayuso, quien intentó reducir la investigación de Hacienda y la posterior denuncia de la Fiscalía a "un caso turbio de todos los poderes del Estado". Incluso, llegó a asegurar que estaba siendo objetivo de Sánchez en busca de su "destrucción personal".

Esa inspección, según insistió la presidenta, afectaba a "2018, 2019, 2020, 2021, y ahora pretenden", tal y como continuó, que "sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe". E insistió en esa cifra: "Es falso que sea él quien debe a Hacienda 300.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses".