La Mesa del Parlament acepta querellarse por prevaricación contra el juez Pablo Llarena. Considera que ha vulnerado los derechos de Jordi Sànchez al no permitir, una vez más, su investidura.
Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentar una querella es un error. "Se están equivocando al presentar una querella contra Llarena por hacer su trabajo", apunta Catalá.
Para los populares catalanes se trata de una acción inviable que no cuenta con el respaldo de los letrados del Parlament y han advertido a Torrent de que puede incurrir en un delito de malversación de fondos públicos.
Por su parte, Ciudadanos denuncia que es ilegal destinar los recursos de todos a causas individuales. "Vamos a pedir hasta el último documento para saber qué recursos se usan en defensa de Sànchez y Puigdemont", afirma Inés Arrimadas.
Desde el PSC también critican un uso partidista del Parlament. Sin embargo, Ada Colau sí se mostraba comprensiva con la decisión de la Mesa. "Un juez no debería ser quién decidiera por encima de los catalanes", ha sostenido la alcaldesa de Barcelona.
