El Gobierno se reunirá en un Consejo de Ministros extraordinario el sábado para poner en marcha el artículo 155 en Catlauña con el objetivo de "restaurar la legalidad y el orden constitucional en el autogobierno de Cataluña".
En esta reunión se aprobarán, en principio, las medidas para hacer efectivo dicho artículo. Pero ¿qué implica la activación del 155 y cómo se implementará? El texto que aparece en la Constitución Española expone lo siguiente:
"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".
En este sentido, el Gobierno deberá entregar al presidente del Senado un escrito "en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta".
Será la Cámara Alta la que deba aprobar por mayoría absoluta las medidas necesarias para "obligar al cumplimiento forzoso" de las obligaciones que aparecen en la Constitución Española; medidas que aún no se han hecho públicas. A partir de entonces, la Mesa del Senado entregará el escrito del Gobierno a la Comisión General de Comunidades Autónomas para que se encargue del estudio y debate de lo que se plantea o creará una comisión con miembros de varias de ellas si cree que son más de una las afectadas por el asunto.
Sin embargo, en la Cámara Alta siempre se ha dado por seguro que sería esa Comisión General la implicada. El artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, no indica ningún plazo para llevar adelante los trámites, pero fuentes del Ejecutivo han mantenido siempre que podría ser rápido, de unos días.
La Comisión General requerirá después a Puigdemont que presente los datos y alegaciones que considere oportunos y que designe, si lo ve conveniente, a un representante para que acuda a defender su posición al Senado. Esta Comisión tiene la peculiaridad de que en ella pueden participar los gobiernos autonómicos y también el Ejecutivo, por lo que no se descarta que, si se convoca, los Ejecutivo regionales quieran aprovechar este foro para participar en el debate.
El Reglamento establece a continuación que en la Comisión se formulará una "propuesta razonada sobre si procede o no" aprobar lo que el Gobierno le solicita y que enviará la iniciativa al Pleno, donde tendrá que ser de nuevo debatida y aprobada por mayoría absoluta.
¿Qué medidas del artículo 155 podría llevar a cabo el Gobierno?
Hay diferentes posibilidades porque este artículo deja gran parte a la interpretación, y activarlo podría implicar medidas variadas. El Gobierno de España plantea, entre sus pasos en esta maniobra constitucional, tomar la dirección de las consellerias de Cataluña desde Madrid de manera temporal.
En relación a esa idea, podría destituirse a todo el Govern y crear una estructura para gestionar la autonomía, partiendo esta de un gobierno de concentración o uno de gestión. La otra opción del Gobierno plantea el nombramiento de un ministro que asumiera la dirección de la Generalitat.
Otro de los aspectos fundamentales que podría activar la puesta en marcha del artículo 155 es la convocatoria de elecciones autonómicas. Si bien esta opción es competencia exclusiva del president de la Generalitat, se estudia si este escenario, impulsado por el Gobierno, incurriría en alguna ilegalidad.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad catalanas también se verían afectados por el artículo 155 tras su actuación durante los registros de varias consellerias a finales de septiembre y su papel durante el referéndum catalán del 1 de octubre. Por ello, el Gobierno no descarta hacerse con el control de los Mossos.