Los periodistas de tribunales revindican el derecho a la información tras la imputación de cuatro de ellos por informar del caso contra el fiscal general

Los periodistas de tribunales han respondido de forma contundente a la citación como investigados de cuatro periodistas acusados de revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid citó a cuatro periodistas 'El País', 'El Mundo' y '20 Minutos' para declarar el próximo 19 de junio por publicar un informe de la UCO de la causa contra fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ante esto, los profesionales de la información especializados en materia de tribunales, aproximadamente medio centenar, incluyendo los de laSexta, han firmado un manifiesto en el que muestran su "disconformidad" con la decisión de la titular del juzgado en cuestión, Adelaida Medrano.

En él, apuntan, muestran su desacuerdo ante lo que consideran que la apertura de esta investigación "puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional". "Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio ('chilling effect') que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas", remarca el comunicado.

La citación se produjo después de las quejas formuladas por las defensas de los investigados y de la acusación particular. Los periodistas están imputados por el mismo delito por el que están investigados en el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid, a quienes se les atribuye la posible filtración de un correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales.

La fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, interpuso una queja tras la publicación de este informe en el que se analizaba el contenido de su móvil y correo. El juez Hurtado acordó derivar su queja a los juzgados de Madrid, así como las interpuestas por el fiscal general y el novio de Ayuso, competentes para investigarlo. Tras ello, el Juzgado de Instrucción 20 ha acordado abrir diligencias y citar a los redactores.

Ante esto, los periodistas reclaman que dicha queja de la fiscal hacía referencia al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que concierne a las partes del proceso judicial, pero "en ningún caso a los profesionales de los medios de comunicación, que gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española". Y recuerdan que este secreto profesional es una "garantía" de la que gozan los periodistas frente a posibles injerencias del poder que disuadan de cumplir su función constitucional.

Los periodistas suscriben su "pleno respeto" a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, "como todos los ciudadanos", están sometidos a la ley y a la Justicia.

Por último, rematan, los redactores de tribunales reivindican "la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados" y de los que pudieran verse en la misma situación, "dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada".