El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha incoado diligencias previas por un presunto delito de acoso sexual contra el alcalde 'popular' del municipio malagueño, José María García Urbano, después de recibir una denuncia por parte de un funcionario del mismo Ayuntamiento en la que se relatan unos sobrecogedores actos a los que habrían sido sometidos tanto el funcionario como su pareja.

laSexta ha tenido acceso a esta denuncia, en la que se relata paso a paso la relación que mantuvo este funcionario con el alcalde, la cual empieza en marzo de 2022 cuando el hombre comienza su periodo de prácticas en el Ayuntamiento de Estepona. "Desde el primer momento, sintió como el denunciado lo miraba, se dirigía a él, y tenía un trato especial, no acorde a la relación normal de trabajo que un alcalde puede tener con sus funcionarios", detalla el escrito, que habla de la "intención libidinosa" que el alcalde tenía sobre el denunciante.

Entre marzo de 2022 y junio de 2023, García Urbano habría contactado con el denunciante "con el fin de mantener relaciones sexuales" en el Parador de Málaga Golf Club. "Éste, incrédulo de la proposición, y con profundo temor (por si dicho rechazo pudiera afectar a su puesto de trabajo (tiene dos hijos menores de edad), no le quedó otra salida que acceder a las pretensiones sexuales del Sr. García Urbano. En todos los episodios, el denunciante tuvo que acceder a las pretensiones sexuales del denunciado por miedo a perder su trabajo y como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia", afirma la denuncia.

Según la denuncia, García Urbano, "con el propósito de seguir satisfaciendo sus deseos sexuales", les ofreció una ayuda económica de 2.000 euros mensuales, buscándoles un piso en Estepona. Tras este arrendamiento, García Urbano habría contactado "de forma insistente y a diario" con el denunciante "con el único fin de seguir satisfaciendo sus deseos sexuales", tanto con él como con su pareja.

El alcalde llegó a decir que "si no entraba en su juego, su carrera profesional estaba acabada para siempre" y que "le iba hacer la vida imposible, ya que tiene contactos para que no pueda trabajar en ningún sitio". "Sintiéndose humillado, le ordenaba que se desnudara para mantener relaciones sexuales con él, negándose el Sr. C. G. a mantenerlas, pero repitiéndole el Sr. García Urbano que, si no lo hacía, perdería su trabajo", prosigue. Durante sus encuentros sexuales, García Urbano le daba "unas pastillas azules".

Como consecuencia de todo esto, el denunciante se encuentra de baja laboral con tratamiento psiquiátrico, llegando a tener varios intentos de suicidio.

El alcalde denuncia una "falsa acusación" en su contra

El alcalde de Estepona, José García Urbano, ha emitido un comunicado en el que rechaza categóricamente lo que considera una "denuncia falsa"en su contra. Según el edil, esta acusación forma parte de una "campaña injusta e inadmisible" destinada a socavar su dignidad personal y su trayectoria política, con la intención de dañar su imagen pública.

García Urbano ha anunciado que ha decidido tomar medidas legales para defender su honor. Ha contratado a un equipo de abogados que se encargará de presentar su defensa y ha solicitado ser escuchado "de manera voluntaria y a la mayor brevedad posible". El alcalde enfatizó que tiene la firme intención de demostrar la "total falta de fundamento" de las acusaciones que se han vertido contra él.

Reacciones del sindicato Sepma

En respuesta a esta situación, la Sección sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (Sepma) ha expresado su "sorpresa profunda" ante la denuncia. En un comunicado, el sindicato afirmó que no tenía conocimiento previo de los hechos denunciados y mostró su "perplejidad" ante el posible riesgo de expulsión del funcionario involucrado, subrayando que cualquier proceso disciplinario debe seguir un "procedimiento reglado" que garantice los derechos de los implicados.

Además, el sindicato insinuó que el funcionario había estado involucrado en "conductas inapropiadas" fuera de su horario laboral, lo que, según indicaron, podría haber requerido la intervención de otros cuerpos de seguridad.