Las medidas de regeneración democrática a las que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su parón de cinco días para reflexionar sobre qué camino tomar a raíz de todas las informaciones vertidas sobre su esposa Begoña Gómez, ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros. "Transparencia" ha sido el adjetivo calificativo que ha utilizado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, para definirlo, sin embargo, algunos detalles continuaban sin ser claros, sobre todo los relativos a los medios de comunicación. Ahora se confirma la creación de un registro de medios, así como el establecimiento de límites a la hora de recibir publicidad institucional, entre otras-

Respecto al registro ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha detallado que será "un organismo independiente" quien sea el encargado de tutorizarlo. En concreto, detalla que se hará una reforma de las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que puedan asumir esta función.

En este registro se dispondrá de toda la "información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben" los medios de comunicación. Más allá de la transparencia en las cuentas, Urtasun justifica esta medida en que este registro permitirá "establecer los criterios de qué es un medio a diferencia de otras plataformas cuya finalidad no es informar". Unas palabras que llevan a pensar en la clasificación entre medios y pseudomedios del presidente Sánchez.

Y si los medios de comunicación tienen que compartir sus cuentas publicitarias, también lo tendrán que hacer todas las administraciones públicas, según recoge este Plan de Acción por la Democracia. De esta manera, se estipula un deber anual para los entes públicos en términos de inversiones publicitarias, así como una obligación legal de rendición de cuentas en general, cada seis meses.

Ningún medio dependiente de la administración pública

En esa línea, también destaca el tope que se impondrá a la financiación de los medios de comunicación por parte de las administraciones públicas, con el fin de no haya ninguno dependiente de ellas. Una medida que va en línea con las reformas que se contemplan en la Ley de Publicidad institucional y que buscan introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.

Principios que también se buscarán en los sistemas de medición de audiencias, así como en la metodología de la que sirvan los medios para recogerla. Asimismo, se contempla reforzar la autorregulación de los medios y las plataformas digitales en un código de buenas prácticas a nivel europeo.

Buenas prácticas que también se buscarán en el seno del poder legislativo y su reglamento. En concreto, el plan contempla la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación, al tiempo que establecerá como obligatorio la celebración de un Debate sobre el Estado de la Nación cada año en la Cámara Baja.

Otra medida en esta línea y que también afectará a los miembros del Senado, es el reforzamiento de las sanciones que existen en torno a la presentación de declaración de bienes por parte de senadores, diputados y miembros de sus Mesas. De esta manera, el castigo será mayor para quienes no la publiquen o lo hagan con información falsa o incompleta. Algo que se extrapolará también a los partidos políticos si publican sus cuentas de forma inadecuada.

También está previsto que la ley del Régimen Electoral General sufra cambios, ante la intención de obligar la celebración de debates electorales entre candidatos y candidatas de diferentes formaciones de forma previa a citas electorales. Pero también por el deseo de publicar de forma una obligación todos los microdatos de las encuestas electorales.

Tres ejes y el 'no' adelantado del PP

De esta manera, el Plan de Acción por la Democracia -así se ha calificado desde el Ejecutivo- contempla tres ejes principales: "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental", "fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de nuestro ecosistema informativo" y "reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral".

Enmarcado en directivas y reglamentos de la Comisión Europea, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que esta "hoja de ruta de 31 medidas" también se ha forjado "de la mano con los grupos parlamentarios". Formaciones que más tarde tendrán que aprobar en "las Cortes Generales" las iniciativas que se irán implementando a lo largo de los próximos tres años. Eso sí, insiste en que esta conversación "no es solo nacional, sino un debate europeo".

Todos los puntos han generado cierta polémica y escepticismo desde la oposición, e incluso, en el seno del Gobierno de coalición. De hecho, las formaciones que la conforman, PSOE y Sumar, han estado hasta el último momento negociando algunos flecos que tienen que ver con la reforma de los delitos en el Código Penal que puedan ir en contra de la libertad de expresión, como el de ofensas religiosas.

Y mientras los socios se van poniendo de acuerdo, el PSOE y el PP siguen en su confrontación habitual. Los de Alberto Núñez Feijóo ya adelantaron en el mes de julio que se opondrán a este plan al considerar que "la única regeneración democrática que cabe en España es cambiar el Gobierno".