No todas las comunidades autónomas están de acuerdo con la decisión del Gobierno de no prorrogar el estado de alarma, medida que finaliza el próximo 9 de mayo. Y el País Vasco, con una incidencia acumulada que supera los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, ha clamado por la falta de herramientas para aplicar restricciones en su territorio a partir de entonces. El propio lehendakari, Íñigo Urkullu, ha pedido personalmente a Pedro Sánchez mantenerlo unos meses más.

Ante la negativa, el diputado del PNV, Joseba Agirretxea, se ha dirigido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "Qué entienden por gobernanza, ¿yo mando y ustedes obedecen? ¿Qué herramientas van a tener las CCAA que lo necesiten? Sabe perfectamente qué corpus jurídico tienen las comunidades. No pueden ningunearnos de esa manera", le ha espetado el durante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La ministra ha respondido que su Gobierno "no es desleal con ninguna comunidad autónoma y menos con su grupo, con el que queremos seguir yendo de la mano". Y aunque ha reconocido que una misma medida sí podría ser aprobada por un juez en una región y rechazada por otro juez en otro territorio, ha vuelto a señalar que "no podemos seguir en un estado de alarma indefinido".

Sin embargo, afirma Agirretxea que la ministra "no ha dado ninguna razón que justifique que no hay que prorrogar el estado de alarma", por lo que estima que no hacerlo es "irresponsable". En este sentido, recuerda el diputado cuándo el Gobierno pidió el apoyo de los parlamentarios con el estado de alarma, y el PNV lo apoyó. "Sí que hemos sido leales y cuando se le ha pedido, por motivos puramente sanitarios, han hecho oídos sordos", ha acusado el diputado.

El del PNV ha insistido en que "no hay estatuto de autonomía que limite ciertos derechos que un estado de alarma hace, como el de movilidad". La situación en su comunidad, sostiene, no está como para aflojar medidas ni como para quedar al "albur de los jueces de turno". Y en esto la ministra ha deseado que "hubiese una unificación jurídica".

Con todo, el argumento esgrimido por el Ejecutivo es precisamente el de que las autonomías están dotadas de herramientas jurídicas suficientes para decretar medidas con el fin de atajar la pandemia de coronavirus. Y a esto añaden que la situación está mejorando y que el ritmo de vacunación es bueno.