El Gobierno finalmente ha decidido hacer decaer el impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, al mismo tiempo que ha acordado con el PNV que las haciendas forales vascas puedan gestionar el tributo sobre la banca durante tres años.
Así lo ha anunciado el PNV este miércoles en un comunicado en el que ha detallado los acuerdos que ha alcanzado con el Gobierno en torno al proyecto de ley para fijar un tipo mínimo global del 15% para empresas multinacionales.
Junts aseveró que no apoyaría la permanencia del impuesto a las energéticas si esto perjudicaba una inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona, y los nacionalistas vascos han informado que este gravamen a finalmente decaerá "por factores ajenos" a su formación, ya que el PNV estaba dispuesto a aceptar su continuidad si se transformaba en un impuesto que fuera concertado en Euskadi y Navarra.
Los nacionalistas celebran que a través de enmiendas pactadas al proyecto de ley han logrado la concertación con capacidad normativa del nuevo tributo global y el de la banca, que serán así regulados por las haciendas forales. Asimismo, los vascos han acordado medidas normativas para "atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos".
Sumar, Bildu, Podemos y ERC, en contra de la decisión
Enfrente de la decisión de tumbar el impuesto están aliados parlamentarios del Gobierno como Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Podemos y el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar. Todas estas formaciones son proclives a convertir en permanente el impuesto tal como está concebido ahora, a tenor de los beneficios que empresas energéticas y financieras han registrado en sus últimos ejercicios.
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, aseveró que hacer permanente el impuesto a energéticas "es obligatorio" para reequilibrar la balanza fiscal, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, defendía mantener el tributo a empresas como Repsol que, según dijo, emite el 62% del dióxido de carbono (CO2) del Ibex 35.