Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca.
"No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos", ha dicho la dirigente de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, al anunciar en Twitter la presentación de esa querella.
En ese pleno de la Sala Tercera debe decidirse si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en una hipoteca. En una sentencia dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, la que debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año, que señalaba a los hipotecados como responsables de dicha tasa.
Ante esa decisión, la "enorme repercusión económica" que provocaba y el "giro radical" que supone sobre la doctrina anterior del Supremo, Díez-Picazo decidió convocar un pleno de la Sala para estudiar su aplicación. A juicio de Podemos, el presidente de la Sala dictó una resolución jurisdiccional "motivado por un interés totalmente contrario a la ley y a la propia administración de Justicia, motivado por un claro interés particular de defensa de los intereses económicos de la banca española".
Y lo hizo "en perjuicio de los intereses generales de la sociedad y de los miles de ciudadanos que han sufrido el abuso de las entidades financieras". "No es aceptable socialmente ni justificable jurídicamente", prosigue el escrito, adoptar decisiones " totalmente contrarias a derecho y que atentan contra la independencia judicial, que sirven exclusivamente a intereses económicos particulares de las entidades financieras y que en nada benefician el interés social".
Por ello, Podemos solicita investigar "los motivos reales y espurios" que han guiado la actuación de Díez-Picazo y recuerda las informaciones periodísticas que apuntan que el juez ejerció la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), dependiente de la Asociación Española de Banca.
También cuestiona el partido de Iglesias el proceso de selección de Díez-Picazo como presidente de la Sala Tercera, supuestamente ajeno a criterios de mérito y capacidad. Los querellantes mencionan que Díez-Picazo ya sabía desde enero de 2018 la existencia de un recurso de casación sobre el impuesto, pues él mismo firmó la admisión a trámite.
Debería haber sido ahí y no cuando se dictó una sentencia favorable a los consumidores cuando convocara el pleno. Podemos tiene claro que la decisión del presidente de la Sala es un acto jurisdiccional, no administrativo, y por ello encaja en el tipo penal de la prevaricación, que castiga a los jueces que, a sabiendas, dicten sentencias o resoluciones injustas.
Para aclarar los motivos "espúreos" que pudieran haber llevado a Díaz-Picazo a tomar esta decisión, Podemos pide al Supremo que obtenga "el listado de llamadas, e identificación de los titulares de las líneas telefónicas, recibidas por Díez-Picazo tanto a sus teléfonos particulares como a los teléfonos de su despacho".
En Valencia se ha decidido suspender los próximos juicios relacionados con las hipotecas. En Sevilla sí se están celebrando, pero no se está dictando sentencia. Todos están a la espera de que el Supremo se pronuncie, pero el pleno está dividido: unos apoyan que paguen los bancos, otros los cientes y otros que paguen los bancos, pero sin retroactividad.
Desde Unidos Podemos han pedido la dimisión de Luis María Díez Picazo, magistrado que frenó la sentencia del Supremo que instaba a los bancos a pagar los impuestos de la hipoteca. Ciudadanos pide al TS celeridad frente a "una mala decisión".
