Pedro Sánchez reiteraba enérgicamente en el Congreso su intención de exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Lo dejaba claro en la comparecencia extraordinaria donde detallaba la hoja de ruta de su Gobierno para la legislatura socialista.
El Ejecutivo sigue trabajando en la fórmula jurídica precisa para llevar a cabo la exhumación y que no quepa recurso de la familia Franco.
Fuentes de Moncloa aseguran a laSexta Noticias que la familia del exdictador no quiere hacerse cargo de sus restos. Esto se suma a un acta firmada por los siete nietos que amenazan con denunciar al Gobierno por profanación de tumbas si entran en la basílica.
A su vez, el Arzobispado dice que se trata de un caso que debe resolverse con la familia. "Es el ámbito político o el familiar el que tiene que decidir", apuntaba el pasado mes de junio José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal. Mientras, el prior del Valle de los Caídos también se muestra en contra de la exhumación de los restos.
El exsecretario de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, Carlos García Andoin, asegura que se trata de una decisión que no es competencia del prior "en último término".
¿Cómo se explica esto?: el monumento del Valle de los Caídos depende del arzobispado de Madrid, aunque el máximo responsable religioso del Valle es su prior, Santiago Cantera. Él tiene autonomía y, por tanto, puede permitir o prohibir exhumar los restos del dictador.
Según el Arzobispado, la última palabra la tiene la familia. Pero si el conflicto se encona tendrían que hablar los superiores del prior desde París o, en última instancia, el papa Francisco; aunque desde la diócesis apuntan que esperan no llegar tan lejos.
