Preguntas y respuestas sobre el pacto migratorio PSOE-Junts: ¿Qué podrá gestionar la Generalitat? ¿Tiene posibilidades de salir adelante?

El pacto entre el Gobierno y Junts para la cesión de competencias migratorias a la Generalitat ha generado una fuerte controversia y deja muchas preguntas abiertas. Una de las más relevantes es si Cataluña tendrá la capacidad de expulsar a migrantes en situación irregular.

La respuesta es compleja. Según el acuerdo, la Generalitat podrá llevar a cabo devoluciones inmediatas en los casos que no requieran un expediente formal. Sin embargo, cuando sea necesario iniciar un procedimiento administrativo, la última palabra seguirá estando en manos del Estado.

Desde el Ejecutivo central, insisten en que la competencia sigue perteneciendo al Gobierno de España, aunque se deleguen ciertas funciones en la Generalitat.

¿Qué podrá gestionar la Generalitat?

Además de esta capacidad parcial en materia de expulsiones, Cataluña asumirá un mayor control sobre la gestión burocrática de la migración. La Generalitat se convertirá en la ventanilla única para tramitar permisos de estancia y residencia, lo que agilizará los procedimientos y permitirá una mayor autonomía en la gestión de los flujos migratorios.

Junts ha intentado condicionar la concesión de estos permisos al aprendizaje del catalán, pero finalmente no será un requisito obligatorio. Aun así, desde el Gobierno central se insiste en la importancia de la lengua como herramienta de integración.

En el ámbito de la seguridad, los Mossos d'Esquadra también verán ampliadas sus funciones. A partir de ahora, asumirán la gestión de la seguridad en infraestructuras clave como puertos, aeropuertos y zonas críticas, aunque lo harán en coordinación con el resto de fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, desde dentro del cuerpo policial ya han surgido voces críticas que alertan de la falta de medios y personal para asumir estas nuevas responsabilidades.

¿Es algo definitivo?

Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es si esta transferencia de competencias es definitiva o si el Estado podrá revertirla en el futuro. Desde el Gobierno se insiste en que se trata de una delegación, no de una cesión permanente.

Esto significa que, en caso de que la Generalitat no haga un uso adecuado de las nuevas funciones, el Estado podría recuperarlas. Sin embargo, el documento firmado no especifica en qué condiciones ni bajo qué criterios se podría revocar la delegación.

¿Tiene posibilidades de salir adelante?

A pesar de la importancia del pacto, su futuro es incierto. Para que se haga efectivo, deberá ser aprobado en el Congreso, donde la mayoría no está garantizada.

Podemos ya ha anunciado su voto en contra, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ceder ante Junts y de permitir que Cataluña implemente políticas discriminatorias en materia migratoria. Pablo Fernández, portavoz de Podemos: "No es un acuerdo para descentralizar competencias, sino que es un acuerdo para descentralizar el racismo".

El Partido Popular también ha rechazado la medida, calificándola como "la mayor cesión de competencias" de la historia democrática de España.

Con este escenario, el Gobierno tendrá que buscar apoyos para garantizar la aprobación del acuerdo, algo que, a día de hoy, parece complicado.