El Pleno del Congreso celebra este jueves una de las jornadas más intensas del año. Los diputados deben votar hoy los Presupuestos Generales del Estado para 202, los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno para grandes fortunas, las eléctricas y la banca, y también la reforma del delito de sedición del Código Penal.

Por un lado, las cuentas de 2023 contarán previsiblemente con una amplia mayoría y con la incorporación de más de doscientas enmiendas. El texto deberá continuar su tramitación en el Senado.

Por el momento, el proyecto de ley ya tiene asegurados los 174 votos que necesita para ser aprobado por mayoría simple -más síes que noes-. Los 120 votos del PSOE se suman a los 33 de Unidas Podemo, los seis del PNV, cinco de EH Bildu, cuatro del PDeCAT, Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1) y PRC (1). Además, todo apunta a que finalmente ERC y sus 13 diputados respaldarán también las cuentas, lo que ampliará la mayoría hasta los 187 votos favorables.

A diferencia de los Presupuestos de 2021 y 2022, los de 2023 no contarán con el 'sí' de Teruel Existe porque no se ha aceptado su propuesta de elevar las bonificaciones en cotizaciones sociales en provincias despobladas.

A falta de una jornada de debate de enmiendas parciales, no parece que se vayan a producir grandes sorpresas y se espera que el Pleno apruebe las enmiendas pactadas con los grupos que apoyarán las cuentas.

Impuestos temporales a energéticas, banca y fortunas

Además, en este pleno se debate y vota la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales al sector energético, la banca y las grandes fortunas. Contará con el apoyo de los socios habituales del Gobierno de coalición, tras los cambios introducidos durante la tramitación.

Entre esos cambios está el del propio impuesto a las fortunas de más de tres millones de euros, que ha sido introducido como enmienda parcial, imposibilitando que su diseño sea enmendado, lo que ha generado críticas tanto entre la oposición como entre los socios del Ejecutivo.

También vía enmienda parcial se ha incluido la limitación de la compensación de las pérdidas de filiales de los grupos empresariales en el impuesto de sociedades al 50 % en el ejercicio 2023.

Sobre los tres impuestos sobrevuela la posibilidad de que sean recurridos ante el Tribunal Constitucional, en el caso de los que se aplicarán a las empresas porque no gravan efectivamente los beneficios extraordinarios consecuencia del contexto inflacionario, sino las ventas (en las energéticas) y los márgenes ordinarios (en la banca). En ello han incidido PP, Vox y Ciudadanos, que del impuesto sobre las grandes fortunas han apuntado a una posible inconstitucionalidad por invadir la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Aunque en un primer momento el Ejecutivo vetó la mayoría de las enmiendas presentadas, salvo las de PSOE y Unidas Podemos, después retiró su disconformidad para poder negociar. Eso ha permitido pactar cambios con PDECAT, PNV y EH Bildu como la exclusión de los ingresos por actividades reguladas del gravamen a las energéticas o el traspaso de la gestión de los impuestos sobre energéticas y bancos a las haciendas forales del País Vasco y Navarra. Con EH Bildu también se ha acordado que el Gobierno realizará, en el cuarto trimestre de 2024, un estudio sobre los resultados de ambos tributos para evaluar la posibilidad de hacerlos permanentes tras dos años en vigor.

Votación con llamamiento para la sedición

En la misma sesión se ha programado el debate de toma en consideración de la proposición de ley del PSOE y Podemos para acabar con el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 'procés'.

A petición del PP, todos los diputados deberán emitir su voto de viva vozen el hemiciclo, uno por uno. Esta reforma del Código Penal, que incluye también la trasposición de varias directivas europeas y un agravamiento de penas por ocultación de cadáver, va a ser objeto de una tramitación exprés con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año.

Al haberse optado por una proposición de ley de los grupos en lugar de por un proyecto de ley del Gobierno no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que también ha acortado el proceso.