La reforma se ha planteado a través de una proposición de ley orgánica la cual hay que tomar en consideración y que debe ser aprobada en el pleno del Senado, antes de pasar al Congreso para continuar con su tramitación.
Así el PP hace que la decisión quede en manos de los socialistas, quienes tienen la clave de la mayoría en la Cámara alta, pero también deberán pronunciarse el resto del grupos.
Una iniciativa similar, aunque más limitada, fue la presentada por el PP en el Congreso de la anterior legislatura, pero que se declinó al adelantarse las elecciones y ahora han optado porque sea el Senado quien la recupere y la amplíe.
El PP agrega en su nueva propuesta cambios sobre el contenido de proposición de ley registrada en la Cámara baja y también sobre lo comprometido en el programa electoral del 28A.
En la propuesta registrada por el PP ahora en el Senado, se plantea el castigo de prisión permanente revisable para algunos abusos sexuales y agresiones sexuales a menores de 16 años contemplados en el artículo 183 del Código Penal, en concreto los que consistan en "acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal".
Asimismo, no figura referencia explícita alguna a la violencia de género, mientras que en su programa electoral sí proponían ampliar la máxima pena para casos en los que este tipo de violencia estuviese "acreditada".
Ahora el PP detalla que plantea ampliar la prisión permanente a asesinos cometidos por "el cónyuge, ex cónyuge, pareja de hecho, ex pareja de hecho, o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia".
Se incluye en este extenso apartado la misma pena para los asesinatos "sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan". Y además "sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar".
Se añade otro supuesto para aplicar la prisión permanente: delitos contra la vida o la libertad sexual cuyas penas sumen 100 años o más, que no figuraba en su programa electoral.
El partido político de Casado pide también esta pena para asesinatos tras el secuestro del rehén o con ocultación de cuerpo, para violadores reincidentes y para las muertes causadas por incendios o mediante la liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos.
La proposición de ley que el PP presentó la pasada legislatura en el Congreso era más limitada y solo contemplaba ampliar la prisión permanente revisable para los asesinatos tras la detención ilegal o secuestro y en casos de ocultación o destrucción del cadáver.
Este tipo de pena máxima fue introducida en el Código Penal por el Gobierno del PP en 2015. Actualmente se aplica para ocho supuestos, entre los que se encuentran el asesinato contra menores de 16 años, el siguiente a un delito contra la libertad sexual y los asesinatos múltiples y terroristas. Incluye el homicidio del jefe del Estado o heredero y de jefes de Estados extranjeros, así como el genocidio o crímenes de lesa humanidad.
La prisión permanente revisable ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional y el Congreso tramitó la pasada legislatura una iniciativa impulsada por el PNV para derogarla que, al igual que la propuesta del PP para ampliarla, decayó al acabar la legislatura por el adelanto electoral.