Ni hospitales ni médicos de Castilla y León saben todavía qué hacer con elprotocolo antiabortista que anunció el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, la semana pasada y que, a día de hoy es un documento 'fantasma': ni se ha publicado en el diario oficial ni lo han remitido a los centros sanitarios.
Tras más de 100 horas de caos, con versiones contradictorias entre ambas patas del Gobierno de coalición PP-Vox que dirige la Junta, este lunes el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, intentó cerrar la polémica en una declaración sin preguntas y asegurando que los sanitarios no estarán obligados a ofrecer escuchar el latido fetal a las mujeres que quieran abortar.
Sin embargo, el 'número dos' del Ejecutivo castellano-leonés insistía anoche en una entrevista televisiva que si bien no se obligará a los sanitarios a ofrecer escuchar el latido a las mujeres, señaló que la orden de la Consejería de Sanidad será de obligado cumplimiento. "¿Si una orden del consejero no es obligatoria para qué sirven las órdenes del consejero?", se cuestionó el líder de extrema derecha.
Mientras, la Junta aún no ha respondido al requerimiento enviado por el Gobierno central el pasado domingo para frenar la puesta en marcha del protocolo. No obstante, fuentes del Ejecutivo que cita Servimedia sí confirman la recepción. Por otra parte, hoy mismo el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo requerimiento, este de incompetencia, para llevar cualquier posible actuación contra la ley del aborto al Tribunal Constitucional, un primer paso antes de actuar por una invasión de competencias.
El asunto se ha convertido en materia nacional y el secretario general de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, ya ha amenazado conromper la coalición en Castilla y León si no se corrige el rumbo de esta crisis.