El PSOE considera que el rechazo del Tribunal Supremo a amnistiar la malversación del expresidente catalán Carles Puigdemont no afectará en "nada" a la estabilidad del Gobierno y entiende que hay que desligar esta resolución judicial de las negociaciones de investidura del próximo presidente catalán.
"Hoy hemos conocido la decisión del TS sobre la no aplicación de la ley de amnistía. Por supuesto, mostramos, como siempre, nuestro respeto a las resoluciones judiciales, aunque discrepemos con argumentos de la decisión acordada hoy", ha expresado la formación a través de un comunicado.
No solo eso, sino que los socialistas han manifestado que no entran a valorar la decisión del Tribunal Supremo, que consideran "sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendad". Por otro lado, han alegado que en el ámbito judicial no se deberían realizar opiniones sobre las leyes y normativas.
Sobre el contenido de las resoluciones, el PSOE ha recalcado que conviene recordar el clarísimo artículo 1.4 de la ley de amnistía, el cual dice lo siguiente: "No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) [el proceso independentista] cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial".
Además, fuentes oficiales del PSOE han asegurado que confían en la justicia española: "La confianza en el Estado de Derecho de nuestro país es absoluta. España es un sistema garantista, que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales, tal y como ya han hecho otros tribunales como el TSJ de Catalunya".
Para terminar, en el comunicado se ha señalado que es una buena noticia que "no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad" con el Derecho de la UE. "El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE", ha concluido el PSOE.